Tegucigalpa, 6 de octubre. La dueña de una tienda de suvenires, en una de las zonas más caras de esta ciudad, apura a los herreros para que terminen de instalar la nueva reja que ha de proteger su negocio. Hace unas semanas, con motivo de un acto de campaña de Elvin Santos, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia su negocio sufrió… huevazos, a cargo de los zelayistas. La señora es muy prevenida, aunque en realidad los huecos en las rejas que instala, frente a un hotel donde suelen ofrecer ruedas de prensa los políticos, son tan grandes que los huevos podridos pasarán sin problemas.

La señora es, además, despistada, porque es altamente improbable que la resistencia acuda a lanzar huevos a José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), o a cualquiera de los miembros de la nutrida delegación de cancilleres y altos funcionarios de una decena de países que vuelan la mañana de este miércoles de Miami a Toncontín.

Pero esas rejas que manda poner la señora sí tienen un sentido: ya son parte de la enorme suma que ha costado a Honduras el golpe de Estado, equivalente a 6 por ciento del producto interno bruto del país.

Héctor Soto es un joven profesional que está sin dobleces contra el golpe. Y también alguien que lamenta que en la mesa, de cuya instalación serán testigos los cancilleres, no haya sino espacio para el arreglo entre dos cúpulas enfrentadas.

¿Diálogo? ¿Cuál diálogo? Lo que hay es una negociación sobre la parte puramente política, que no va a llegar a ninguno de los problemas de fondo de Honduras, a la terrible desigualdad social, agravada por el enorme costo del golpe de Estado.

Soto es coordinador de la unidad técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC), que reúne a grupos y organizaciones de 12 sectores sociales, que van de sindicatos a agrupaciones empresariales, pasando por ONG.

Un estudio de ese grupo le ha puesto números al golpe de Estado: 15 mil millones de lempiras (unos 790 millones de dólares), que equivalen a 6 por ciento del PIB.

La cifra es resultado de la suma de, entre otras cosas, las pérdidas provocadas por los toques de queda, los bloqueos de carreteras, los cierres de fronteras y aeropuertos, los retenes, la suspensión de recursos financieros de los organismos multilaterales y de países en particular. A los anteriores se suman la disminución del turismo y la producción agrícola, la menor inversión extranjera, la ausencia de créditos, la falta apoyos a las pequeñas y medianas empresas, la cancelación de proyectos sociales. Con excepción de los bloqueos de carreteras, cuyo costo estima el GSC en 700 millones de lempiras, las demás son atribuibles al clima creado por el gobierno de Micheletti o directamente a sus decisiones para combatir la rebeldía de los zelayistas (el costo estimado de los toques de queda es de 3 mil millones de lempiras).

Eso es lo que ha costado, hasta ahora, la que Roberto Micheletti llama la resistencia de Honduras.

Los costos de la resistencia de Micheletti no se quedan dentro de las fronteras hondureñas.

La inversión extranjera y el turismo se han reducido para todo Centroamérica, según afirma, a la agencia Afp, el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán.

La inversión se ahuyenta, se nos va, señala el funcionario, quien forma parte de la comisión de la OEA que acude para ser testigo de honor de la instalación de la mesa de un diálogo que Micheletti ya bautizó como Guaymuras (otro nombre del país, como Hibueras).

Alemán dice que los costos de la crisis política para la región son increíblemente grandes, que el intercambio comercial va a decrecer, que a eso se suma la reducción (estimada en más de diez por ciento) de las remesas familiares que envían los millones de migrantes centroamericanos que viven en Estados Unidos.

Sólo el cierre de fronteras tras el golpe de Estado ha causado pérdidas diarias por unos cinco millones de dólares.

Por si fuera poco, la Unión Europea ha detenido su acuerdo de asociación comercial con Centroamérica para presionar al gobierno de facto. Nos dificulta articular un tratado de asociación tan trascendental, tan estratégico. No podemos continuar los cinco países porque falta Honduras y es evidente que los europeos dicen, esperen hasta que se arreglen ustedes, dice Alemán.

La peor parte la llevan, claro, los pobres de Honduras, país que se ubica en el sitio 122 del Índice de Desarrollo Humano dado a conocer recientemente.

El GSC estima, tras revisar el programa monetario del gobierno, que el crecimiento de la economía hondureño, estimado en 4 por ciento para el año que corre, será negativo (menos 2 por ciento).

El recorte de los recursos de la cooperación internacional, dice el análisis que presenta Soto a nombre del GSC, tendrá un alto impacto en la vida de muchos ciudadanos hondureños, debido a que el financiamiento externo representa 16.4 por ciento del Presupuesto de la Administración Central para este 2009. El golpe es mayor si se mide de otro modo: la ayuda externa representa 56 por ciento de los fondos para la inversión pública social del Estado.

No comprendemos por qué la comunidad internacional no ve el daño que se le hace a un pueblo noble, a un pueblo que tiene grandes necesidades, decía a mediados de septiembre Gabriela Núñez, la ministra de Finanzas de Roberto Micheletti.

Lo usual, sin embargo, es que Núñez y otros funcionarios declaren que la economía del país marcha sobre ruedas y que no hay ningún riesgo a la vista. También, que de cuando en cuando se rebaje el precio de la gasolina, así sea unos centavos, pero se anuncie con bombo y platillo.

Desde el golpe, y decididos a ser solidarios con la resistencia de Micheletti, los empresarios anunciaron que congelarían los precios de los productos de la canasta básica. No cumplieron.

El gobierno, por su lado, anunció que aumentaría los impuestos a las ganancias superiores a un millón de lempiras. Por supuesto, tampoco lo ha hecho.

Nadie se ha acordado tampoco de Pizza Hut ni anexas. Los restaurantes de comida rápida han crecido como hongos en los últimos años por dos razones: primero, porque las franquicias están en manos de algunos de los empresarios más poderosos del país. Segundo, porque amparados en una ley de promoción del turismo ¡no pagan impuestos!

Además de los recortes internacionales, el gobierno de facto enfrenta una pobre recaudación fiscal y un pésimo ejercicio presupuestal que, sin embargo, deja ver las prioridades del régimen. Al 28 de septiembre, según cifras del Ministerio de Finanzas, la Policía Nacional había ejercido 81 por ciento de su presupuesto anual.

La cifra, en el caso del ejército, es de 80 por ciento. La presidencia de Micheletti había ejercido, en la fecha citada, 90 por ciento de los recursos presupuestados para el año. En cambio, en educación y en otras áreas relacionadas con gasto social, el ejercicio era inferior a 40 por ciento.

Quizá por eso es que Soto dice que el golpe de Estado no es sino un instrumento político que busca preservar condiciones que solamente generan pobreza, inequidad, desigualdad.