La participación de menores de edad y jóvenes en actos delictivos violentos va a la alza, y muestra un aumento progresivo en la ciudad de México, a grado tal que 70 por ciento de la población en los reclusorios del Distrito Federal son personas cuyas edades oscilan entre 18 y 27 años, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), Manuel Mondragón y Kalb.

Al comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, el jefe de la policía capitalina manifestó que en ese fenómeno social se ve que los jóvenes ya no sólo amenazan o lastiman, sino que matan a sus víctimas y utilizan para delinquir desde un desarmador hasta un arma de fuego.

Los delitos en los que más participan, refirió, son robo a transeúntes y a casas habitación, así como asaltos a microbuses, todos con violencia.

Dijo que estos menores y jóvenes provienen principalmente de las clases populares, pero se negó a revelar en qué demarcaciones ha crecido su participación, pues no voy a ser peyorativo con algunas delegaciones, pero ya sabemos cuáles son algunas donde se centraliza.

Mondragón y Kalb consideró necesario que el gobierno capitalino, la ALDF, las instancias encargadas de la seguridad y justicia, así como la sociedad, emprendan un trabajo conjunto en la cadena de la seguridad, la procuración, administración de justicia y rehabilitación, para evitar que estos fenómenos crezcan en la ciudad.

Responsabilidad de padres

En tanto, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, al reunirse ayer con la Comisión del Distrito Federal del Senado, advirtió que hay un mayor número de jóvenes que son utilizados en la comisión de delitos, y además se dedican a cometer asaltos con pistolas, por lo que apremió a estipular en la ley una corresponsabilidad de las familias para lograr la rehabilitación o reinserción de los hijos.

Subrayó que el Distrito Federal no es la entidad más violenta, ya que actualmente ocupa el séptimo lugar nacional “en el comportamiento del delito con base en las denuncias recibidas ante el MP. El lugar 22 en materia de homicidios –dos diarios– y el sitio 13 en el delito de violación sexual”.

Sostuvo que mientras la tasa delictiva nacional creció 9.3 por ciento entre 2000 y 2008, en la ciudad registró una disminución de 2.3 por ciento, según los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El funcionario manifestó preocupación por el delito de robo a transeúntes, donde hemos visto a más adolescentes, pero la nueva legislación nos impide poder actuar, no podemos dar a conocer los nombres de quienes asaltan. Hay que obligar a las familias a rehabilitarlos, consideró.

Por otra parte, al conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor del Sistema de Justicia para Adolescentes, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, recordó que esta responsabilidad trajo consigo la adopción de un nuevo modelo jurídico, a fin de garantizar los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley, lograr su correcta reinserción a la sociedad y abatir las limitaciones con que fueron asimilados.

Ávila Pérez señaló que para el Gobierno del Distrito Federal es prioridad hacerse cargo de los jóvenes, quienes día a día esperan oportunidades de desarrollo personal, por lo que puso en marcha programas como Prepa Sí y Niños Talento, que han funcionado para abatir la deserción en las escuelas y así evitar la comisión de actos delictivos.

Pero también, dijo, el meollo del asunto está en la familia, en la responsabilidad de los padres, por lo que el gobierno capitalino trabaja para lograr la capacidad y la legitimidad de exigir que los padres cumplan su responsabilidad de evitar que los jóvenes se desvíen.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, mencionó que cada acto antisocial de un adolescente es una bofetada a la comunidad.

Mencionó que son seres humanos en etapa de formación, no sujetos ajenos a la ley; poseen derechos a pesar de su edad, pero también obligaciones, por lo que cuando lastiman con su conducta a otros es necesario aplicar las leyes.

Sin embargo, agregó, en el Distrito Federal no se deben endurecer las penas contra ese grupo. Consideró que en lugar de hacer las penas más severas, se deben mirar las causas de las acciones indeseadas, empezando por la familia.