El Senado de la República repudió las amenazas contra México que lanzó el gobierno golpista de Honduras y exigió que “las autoridades de facto” respeten la vida y la integridad física del presidente constitucional, Manuel Zelaya, y garanticen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas

Las fuerzas políticas representadas en esa cámara respaldaron la postura mexicana que un día antes fijó la canciller Patricia Espinosa, en la que exige al gobierno golpista de Roberto Micheletti cumplir la Convención de Viena.

Los coordinadores de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, coincidieron en que el gobierno mexicano no puede quedarse callado frente a las presiones y amenazas de un gobierno ilegal que lo amaga para lograr el reconocimiento.

Ante el pleno, los senadores del Revolucionario Institucional, María de los Angeles Moreno; del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, y de Acción Nacional, César Augusto Leal, resaltaron que México debe insistir ante instancias internacionales en que se restablezca el orden constitucional en Honduras y se garantice que no habrá represión contra las embajadas de México y Brasil.

Si el conflicto no se frena ahora, pronto se puede convertir en un incendio de consecuencias catastróficas, advirtió Leal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, quien explicó que el derecho de asilo existía desde la época del imperio romano y que por ello México, como secretario pro témpore del Grupo de Río, ha reiterado un enérgico llamado para que se garantice la inviolabilidad de la embajada de Brasil en Tegucigalpa.

En nombre del tricolor, Moreno afirmó que el caso de Honduras angustia a todas las naciones del continente, en particular a México, “por la exigencia a un pueblo soberano y a su gobierno de reconocer al gobierno de facto o retirar a su representación diplomática. Ello es inaceptable”, recalcó.

El perredista Silvano Aureoles resaltó que el golpe militar regresa a la etapa oscura de los regímenes autoritarios de la década de los 70, que se creía superada, ya que además de la brutal represión y violación de derechos humanos impuesta por Micheletti a los hondureños, el gobierno de facto lanzó un ultimátum al gobierno de Brasil a efecto de que en un plazo no mayor de 10 días defina la situación jurídica del presidente Zelaya o desconocerá la inmunidad de su embajada.

Luego de que se manifestaron las posturas de los partidos, el Senado acordó un pronunciamiento mediante el cual respalda la postura del gobierno mexicano en razón de que las autoridades golpistas de Honduras están obligadas a cumplir la Convención de Viena.

Las sedes diplomáticas son inviolables y el personal diplomático y consular goza de los privilegios e inmunidades otorgadas por el derecho internacional, recalcó el órgano legislativo.