Con el nombramiento de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) el Estado mexicano demuestra que no ha asumido con seriedad la implementación de las múltiples recomendaciones internacionales que ha recibido, además de que su cumplimiento es una mera formalidad y no una prioridad ni una política de gobierno, aseguró la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

El organismo criticó que el Senado haya ratificado la propuesta de Felipe Calderón para el cargo de titular de la PGR, pues con ello el gobierno mexicano refleja falta de respeto a las madres y demás familiares de las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.

“La FIDH tiene conocimiento de que cuando Arturo Chávez fue procurador de Chihuahua hubo un mayor auge de casos de feminicidios y, pese a ello, no hubo avance en las investigaciones. Además existen serias dudas sobre la conducción de los procesos en aquellos casos que la procuraduría estatal considera resueltos, en razón de que se comprobaron prácticas de tortura para obtener confesiones de las personas acusadas.”

Subrayó que cuando Chávez fue procurador de Chihuahua recibió severas críticas y múltiples recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

Arrogancia de funcionarios

Recordó que la relatoría especial para los derechos de mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público un informe en 2002 (que abarca el periodo de Chávez como funcionario estatal, que culminó en 1998) en el que asentó: La importancia de la lucha contra la impunidad como medida para sancionar y prevenir futuras violaciones a garantías fundamentales de las mujeres ha alcanzado un grado de preocupación por la comunidad internacional.

El informe de la relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, del 25 de noviembre de 1999, sostiene que “la conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos (feminicidios) permite concluir que muchos (asesinatos) fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran sólo muchachas corrientes y, por tanto, no eran consideradas como una pérdida”.

La FIDH recordó además que el ombudsman nacional solicitó en su recomendación 44 de 1998 investigar el desempeño del entonces procurador de Chihuahua.