San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de septiembre. Ante el incremento de acciones violentas y armadas de organizaciones denunciadas reiteradamante como paramilitares, al tiempo que autoridades y medios de comunicación locales emprenden una campaña contra los defensores de los derechos humanos, la situación en la entidad se puede calificar de muy grave, sostuvo hoy la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

El organismo, que desde 1998 ha hecho recorridos de observación en el estado, señala la proliferación de denuncias en diferentes zonas, y la constatación de un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores.

A su vez, la otra magisterial, formada por docentes adheridos a la otra campaña del EZLN, señaló la absoluta impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, al amparo de quienes pregonan el estado de derecho, y denunció que, como estrategia de guerra contrainsurgente, los gobiernos federal y estatal han creado y protegido la actuación estos grupos con la finalidad de contener a los que, con su vida, defienden el derecho a la autonomía y la libre determinación sobre la tierra y el territorio.

La creciente alarma nacional e internacional por los hechos de violencia contra comunidades en resistencia y defensores de derechos humanos subió de tono después del pasado18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fue atacado en Jotolá (Chilón) por un grupo de personas armadas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

La otra magisterial enumera como escenarios recientes de la estrategia de impunidad a Tila, Sabanilla y Acteal, así como las agresiones en Cruztón, San Sebastián Bachajón, Mitzitón, Jotolá y Casa Blanca, sólo algunos ejemplos de la actuación de grupos contrainsurgentes.

Para la otra magisterial en Chiapas, la persecución y el hostigamiento contra comunidades campesinas en resistencia a los voraces proyectos neoliberales se ha recrudecido.

La impunidad, sostiene desde Barcelona la CCIODH, provoca que aumenten sus actividades sin que haya ninguna respuesta de las autoridades. Aunque las denuncias identifican claramente a las personas, autoridades civiles y policiales que intervienen o están presentes durante las agresiones, no se abren investigaciones ni se señalan responsabilidades. Las diferentes denuncias, considera la CCIODH, señalan la connivencia de las autoridades, especialmente del gobierno de Chiapas, alentando la actividad paramilitar, con el objetivo de neutralizar las demandas de las comunidades contra los proyectos de infraestructura planeados y desarrollados contra su voluntad, y sin que respete su derecho a ser consultados en todo lo que afecte a su territorio.

Los intentos de las autoridades y de algunos medios por presentar los hechos como una confrontación entre indígenas por motivos religiosos o de posesión de la tierra, esconden los motivos auténticos del conflicto que implican resolver las causas y atender las demandas de autonomía de las comunidades indígenas. La agresión del día 18 en Jotolá es la consecuencia de estas políticas.

La sentencia de la SCJN sobre el caso Acteal, con la liberación de 20 de los condenados como autores materiales de la masacre en 1997, añade otro motivo de preocupación y alerta a esta frágil situación, en un contexto de guerra de baja intensidad.