Acompañado en el templete por los 25 legisladores federales que forman el núcleo duro del Frente Amplio Opositor (FAP) en la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador colocó ayer, sobre el tapete de la política nacional, la primera ficha del juego que el Movimiento en Defensa de la Economía Popular va a desarrollar de aquí a diciembre contra el paquete económico del secretario de de Hacienda, Agustín Carstens.

La avenida del Congreso que pasa ante el Palacio Legislativo de San Lázaro resultó insuficiente para dar cabida a todas las personas –muchas venidas del interior del país– que respondieron a la convocatoria del presidente legítimo de México. Éste permaneció todo el acto junto a Clara Brugada, delegada simbólica de Iztapalapa, en tanto la multitud exhibía carteles que decían: Juanete, no seas ojete, en obvia referencia al delegado electo de aquella delegación que se niega a cumplir su compromiso de ceder su cargo a Brugada.

Pero la muchedumbre no estaba allí para tratar el asunto menor de Juanito, sino para conocer el planteamiento alternativo en materia económica del máximo dirigente opositor del país. Así que, tras el emotivo discurso del diputado federal por Tabasco Rodolfo Lara Lagunes, que fue maestro de civismo de López Obrador cuando éste cursaba la escuela secundaria en Macuspana, luego de los mensajes de los exponentes del FAP, el jefe del gobierno legítimo presentó una oferta muy sencilla, compuesta de sólo dos puntos.

Pidió que el Congreso apruebe una ley de austeridad republicana y otra para la eliminación de privilegios fiscales. La primera reduciría en 50 por ciento los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos, lo que permitiría un ahorro de 95 mil millones de pesos.

Asimismo, propuso la desaparición de las partidas que cubren los gastos médicos, las cajas de ahorro y los bonos extraordinarios de la alta burocracia; suprimir las pensiones de los cinco ex presidentes y los gastos por alimentación, publicidad, celulares, asesores, aviones privados y otros privilegios de los altos funcionarios de los tres poderes y de los gobiernos estatales, con todo lo cual se ahorrarían 80 mil millones de pesos más. Y agregó que si se recortaran en 5 por ciento las participaciones federales a los gobiernos de los estados, habría un ahorro adicional de 22 mil 680 millones de pesos.

Apuntando en sus cuadernos salpicados de llovizna, o sumando con los dedos, la multitud contabilizó hasta ese momento un ahorro de 197 mil 680 millones de pesos. En seguida, el tabasqueño describió los alcances del segundo proyecto de ley, éste en contra de los privilegios fiscales de los llamados grandes contribuyentes, que en realidad son los que menos aportan a la recaudación, ya que, dijo, en 2004, según el Auditor Superior de la Federación, pagaron sólo 74 pesos de impuesto sobre la renta (ISR) y 69 pesos de impuesto al valor agregado (IVA). ¿Cada empresa? No, todas juntas.

En el periodo 2001-2005, prosiguió, las devoluciones de impuestos [a los grandes consorcios] alcanzaron los 604 mil millones de pesos, y el Instituto Federal de Acceso a la Información decidió clasificar, esto es, ocultar los nombres de los beneficiarios de estas medidas hasta el año 2019. Al 30 de junio pasado, abundó, la deuda fiscal de las grandes empresas y los bancos ascendía a 468 mil 770 millones de pesos, cifra mucho más grande que el hoyo de 300 mil millones de pesos que, según Carstens, faltan para el presupuesto de egresos de 2010.

Si el Congreso acepta la propuesta del FAP y aprueba la eliminación de privilegios fiscales, Hacienda, puntualizó el presidente legítimo, podría recaudar el año entrante 300 mil millones de pesos procedentes de las arcas de los grandes empresarios, cantidad que, sumada a los 197 mil millones que se podrían obtener gracias a la ley de austeridad, totalizaría casi 500 mil millones de pesos.

De tal modo, abundó, se podría resolver el problema de las finanzas públicas sin aumentar los impuestos ni los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y la electricidad, ni contratar más deuda pública. Ahora bien, para redactar ambas iniciativas de ley, propuso, y la asamblea aceptó, que se forme una comisión integrada por cinco diputados expertos en gasto público (entre ellos, Ifigenia Martínez, Mario di Costanzo y Alejandro Encinas), dos economistas y dos especialistas en derecho constitucional.

Nueva asamblea

Los dos anteproyectos deberán estar listos el lunes 12 de octubre, día en que a las cinco de la tarde la resistencia celebrará una nueva asamblea frente a San Lázaro, donde López Obrador entregará la propuesta a los diputados del FAP para que éstos la presenten al pleno del Congreso. La gente, al fin, dejó de sumar y restar y aplaudió coreando las habituales consignas.

Acto seguido, cantó el Himno Nacional, conducido por el compositor Raúl Martell, y entonado en el templete por Porfirio Muñoz Ledo, Martí Batres, Laura Itzel Castillo y el desde ayer denominado rebelde pacífico, Gerardo Fernández Noroña, entre otros. Y entonces ríos de caminantes se dirigieron al Metro y subieron a los vagones gritando, eufóricos, ¡es un honor luchar con Obrador!, mientras Jesús Berber Ávalos, un queretano idéntico al cura don Miguel Hidalgo, profería mueras al mal gobierno, y la gente hacía cola tomarse la foto del recuerdo con él. En fin, que otra vez, septiembre parecía más septiembre que nunca...