San Cristóbal de Las Casas, Chis., 20 de septiembre. Los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz Díaz, acompañados por 120 agentes de pastoral agrupados en la organización Pueblo Creyente, afirmaron que como resultado de la injusta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a 20 indígenas acusados de participar en la masacre de Acteal, aumenta la inseguridad en las comunidades del municipio de Chenalhó.

En carta dirigida a la SCJN, exigieron castigo a los autores materiales de la matanza que sabemos bien quiénes son por el testimonio de los sobrevivientes, y a los intelectuales que tanto daño han causado a nuestro país, independientemente de los cargos y funciones que desempeñen en los distintos niveles de gobierno, por oscurecer con esta decisión el sistema de impartición de justicia.

Agregaron que la decisión de la SCJN los indigna, porque sabemos y sentimos profundamente el dolor que sufrieron nuestros hermanos y hermanas de Acteal, por la masacre del 22 de diciembre de 1997.

Abundaron: Creemos profundamente en la verdad de los sobrevivientes, por eso como Pueblo Creyente que somos les exigimos enérgicamente el cumplimento de la justicia para que todos los paramilitares culpables, tanto los encarcelados que están a punto de ser liberados, como también los recién liberados y otros que tienen órdenes de aprehensión, cumplan las sentencias que se merecen.

En la misiva dirigida a la SCJN, con copia al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines Guerrero, manifestaron: Queremos decirles que como Pueblo Creyente estaremos al pendiente de todo lo que suceda a los familiares de los masacrados y les hacemos responsables si algo les pasa.

Asimismo, subrayaron, lucharemos hasta que se lleve a cabo la justicia con nuestros hermanos y hermanas de Acteal, asesinados el 22 de diciembre de 1997 cuando oraban y ayunaban por la paz en Chiapas.

El pasado 13 de agosto fueron liberados 20 indígenas sentenciados por su participación en el asesinato, gracias a una resolución del Poder Judicial federal, mientras otros 37 que quedan presos solicitaron amparos, y la SCJN deberá pronunciarse al respecto próximamente.