La Paz, 19 de septiembre. El gobierno boliviano demandó el cierre de dos programas de la agencia estadunidense de desarrollo internacional (USAID, por sus siglas en inglés) referidos al fortalecimento de la justicia y la democracia, en una nueva escalada en las crispadas relaciones entre La Paz y Washington.

El pedido de conclusión de ambos programas se enmarca en un proceso de reordenamiento que tenemos con respecto a toda la cooperación de Estados Unidos, dijo el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre.

El cierre de los proyectos de Centros Integrados de Justicia (CIJ) y Fortalecimiento de Instituciones Democráticas (Fidem) –financiados por la agencia estadunidense con unos 14 millones de dólares anuales– deberá estar concluido en noviembre, según el gobierno.

La USAID financia hace cinco años a 13 centros de justicia en tres ciudades bolivianas y capacita con becas a jurisconsultos, entre ellos a jueces, en materia de narcotráfico.

Mientras, el Fidem funciona desde 2005 y, según declaró recientemente el gobierno boliviano, contribuyó a la formación política de líderes de derecha opositores al presidente Evo Morales.

Intercambio de acusaciones

Morales acusó a principios de septiembre a USAID de financiar la campaña de los ex prefectos (gobernadores) Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, principales candidatos de la derecha a la presidencia y vicepresidencia, para los comicios generales del 6 de diciembre próximo.

Además, el año pasado denunció que USAID, la agencia estadunidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el embajador estadunidense conspiraban contra su gobierno.

A pesar del pedido de cierre de los dos programas de cooperación, otros 11 de carácter social podrán seguir activos.

Bolivia y Estados Unidos gestionan la normalización de sus relaciones, quebrantadas el año pasado con la expulsión recíproca de embajadores y de los agentes de la DEA, además de la suspensión del ATPDEA (régimen arancelario).

En septiembre de 2008 fue expulsado el embajador estadunidense Philip Goldberg, y dos meses después la DEA, bajo el mismo cargo hecho por Morales: un supuesto complot contra su gobierno, junto a grupos civiles de derecha, aunque no se dieron pruebas. Después de eso, ambos gobiernos comenzaron a negociar en mayo un nuevo convenio bilateral.

La primera reunión se realizó en La Paz, y una segunda –que debía realizarse en Washington el 9 de julio– fue diferida sin fecha.

Bolivia expresó varias veces su deseo de mejorar las relaciones con la nueva administración del demócrata Barack Obama, aunque la embajada de Estados Unidos expresó que estos dichos son contradictorios con las reiteradas acusaciones.