Buenos Aires, 17 de septiembre. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en las primeras horas de este jueves la ley de servicios de medios audiovisuales, que remplaza a la heredada por la pasada dictadura (1976-1983). La iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sancionada con el apoyo de sectores de centroizquierda y socialistas; las bancadas de la derecha opositora se retiraron a la hora en que se votó el proyecto rechazado además por los emporios mediáticos locales.

La ley, que pretende limitar los monopolios, fue aprobada por 146 votos en favor, tres en contra y una abstención; se enviará ahora al Senado, donde aún no está segura la mayoría de votos para el proyecto.

El vicepresidente Julio Cleto Cobos, quien fue invitado por el gobernante Frente para la Victoria para integrar en su momento la fórmula con la ahora presidenta en 2007, encabezó la dura campaña de los grandes medios que intentó desvirtuar el espíritu de esta ley, y la presentó como un proyecto kirchnerista para continuar en el poder.

La lucha por cambiar esta ley dictatorial que favorecía a los poderosos y dejaba fuera toda posibilidad de democratizar el espacio de radiodifusión, lleva años de debate y lucha de diversos sectores, entre ellos los de sindicatos, de escritores y de universitarios.

Entre los tres votos negativos que figuraron estuvo el del diputado Miguel Bonasso, periodista y escritor, que llegó a la cámara uniendo su pequeño partido –ya inexistente– a la fórmula del anterior presidente, Néstor Kirchner, para abandonar luego este bloque en los últimos tiempos.

La campaña para evitar que los diputados nacionales votaran la ley de audiovisuales, ha sido una de las más duras aquí, recordó un analista local. En algunas sedes estudiantiles se exhibieron programas de las televisoras privadas, que dependen de los mayores monopolios de la información, para mostrarle las falsificaciones contra el proyecto legislativo, modificado durante el debate, lo que permitió ampliar el apoyo al mismo.

Se anticipa una gran guerra en el Senado, advirtieron analistas, que destacaron el respaldo popular que tiene esta ley, lo que, indicaron, deberá llevar a reflexionar a los opositores de todo el arco de la derecha que abandonaron el Congreso, en un último y vano intento por impedir la votación.

Es preciso estar advertidos y preparados para chantajes y violencias de todos aquellos que ven amenazados sus intereses, alertaron organizaciones estudiantiles en las últimas horas.

El gobierno ha sido apoyado en este caso por sectores que integran un arco opositor de centroizquierda y el socialismo, incluyendo los integrados a la Coalición Cívica que dirige Elisa Carrió.

El anteproyecto de ley circuló durante meses y fue debatido en foros provinciales en todo el país, mientras que los partidos de la derecha tomaban con cierta indiferencia este debate que fue alcanzando un vuelo inusitado en los últimos tiempos. Nunca imaginaron que el proyecto iba a concitar un apoyo mayoritario en sectores claves del país.

La oposición intentó atrasar este debate hasta el 10 de diciembre próximo cuando se cambie la composición del Congreso, y se integren los legisladores elegidos en junio pasado, sin evaluar que este tema trasciende a los enfrentamientos cotidianos entre oposición y gobierno y es una demanda auténtica para democratizar la comunicación.

El proyecto fue aprobado con más de 200 modificaciones de fondo, algunas sustanciales, como la prohibición de las empresas telefónicas a participar en el negocio de la televisión por cable, lo que incluso fue rechazado ayer enérgicamente por la filial local de la empresa española Telefónica.

Para obtener el apoyo de la centroizquierda, el gobierno también aceptó aumentar de cinco a siete los integrantes de la comisión que será autoridad de aplicación de la nueva ley, con lo que se evitará que el poder Ejecutivo tenga mayoría en esa entidad.

A lo largo del debate, Fernández de Kirchner defendió que con su proyecto se iba a dar mayor acceso a frecuencias a los pequeños grupos y organizaciones no gubernamentales, así como también la aplicación de restricciones al número de licencias que puede tener una empresa, lo que, sostuvo la gobernante, reforzará la democracia.

La legislación, de ser sancionada en la Cámara alta, donde el gobierno no tiene asegurada la mayoría de votos, afectará al principal grupo multimedios del país, Clarín, un crítico feroz del gobierno.

En este contexto surgieron denuncias por las severas presiones de los poderosos monopolios locales sobre los diputados para que no votaran la ley de audiovisuales.

Para la mayoría, esta madrugada ocurrió una votación histórica, y los analistas de los partidos de centroizquierda que se oponen al gobierno, pero acompañaron el proyecto en este caso, señalan que la decisión de la Unión Cívica Radical (UCR), la derechista Propuesta Republicana y el Partido Justicialista disidente (derecha) de retirarse de la sesión justo antes de votar, carece de toda seriedad y responsabilidad, amparándose en reglamentarismos formales para ocultar sus verdaderos intereses que son estar al lado de los monopolios mediáticos.

Por otra parte, en una carta a los legisladores, difundida por 30 universidades e instituciones públicas de educación superior, se mencionó que ésta era una deuda pendiente desde la dictadura.

Los rectores manifestaron que no se podía seguir demorando la resolución de una deuda que lastima a la democracia, y señalaron que los congresistas tenían el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado, pero también la necesidad de legislar para una verdadera democratización, después de esta larga historia de injusticias.