Lago de Guadalupe, Edomex, 11 de septiembre. Pese a que diversas instancias gubernamentales –como el Instituto Nacional de Migración (INM)– han reconocido la importancia y validez del informe presentado hace casi tres meses por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre secuestros cometidos en contra de indocumentados, hasta ahora no hay avances en la creación de instrumentos, mecanismos o acciones que incidan en la reducción del delito, lamentó la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En conferencia de prensa realizada con motivo de la clausura del décimo taller nacional de la DPMH, Rafael Romo Muñoz, encargado de dicha área junto con Francisco Pellizzari –responsable de la Casa Nazareth de Nuevo León– y Alejandro Solalinde –de la Casa Migrante Hermanos en el Camino de Ixcatepec–, expuso que lejos de disminuir, la cantidad de estos delitos ha aumentado, así como la violencia contra las víctimas.

Solalinde, quien también es coordinador de la zona suroeste de la DPMH, resaltó que según estimaciones de las instancias que se dedican a brindar apoyo a los migrantes, los secuestros podrían ascender a 100 mil en promedio al año, esto es, 10 veces lo reportado por la CNDH, y apuntó que en diversos estados es evidente la complicidad que los delincuentes tiene con autoridades locales. Por eso –consideró– no se ve mayor voluntad para combatir el ilícito.

Citó el caso de Coatzacoalcos, que es la capital del secuestro de migrantes en México, pues allí ocurre la tercera parte de los casos, porque hay colusión de los delincuentes con las policías, agentes del Ministerio Público, de todo el aparato de justicia; los aprehenden y los sueltan; también hay colusión del gobernador, todo su territorio es de secuestro de migrantes; sus policías se han corrompido, todos lo sabemos, denunció.

En cuanto a la posibilidad de que un eventual aumento de impuestos a productos básicos incida en el incremento de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, Romo Muñoz, obispo de Tijuana, consideró que estas propuestas hacen más difícil la vida de nuestra gente y si el fenómeno migratorio se origina por falta de recursos para vivir, la consecuencia es obvia.

Pellizzari resaltó que durante el taller dialogaron con integrantes del Senado; con Cecilia Romero, comisionada del INM, y con José Antonio Guevara, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a quienes expresaron sus preocupaciones sobre los abusos que sufren los migrantes.