uevamente, el tema de la reforma laboral se coloca en la agenda nacional a raíz del mensaje presidencial con motivo del tercer Informe de gobierno. En el séptimo de los 10 puntos planteados por el titular del Ejecutivo sostiene la necesidad de una reforma que incremente la productividad y que lo haga con pleno respeto a la autonomía sindical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva, que fortalezca la rendición de cuentas y los derechos de los trabajadores, en especial el más importante, que es el derecho a obtener un trabajo. No se precisa camino alguno para lograr este objetivo, ni siquiera existe algún referente en el texto del Informe presentado al Congreso de la Unión.

Desde hace 20 años se ha señalado la importancia de un nuevo modelo de relaciones laborales. Los argumentos han sido contundentes. En algún tiempo, el viejo sistema corporativo ofreció a los trabajadores un conjunto de protecciones laborales, tales como el salario mínimo, la seguridad social y la estabilidad en el empleo, a cambio de su subordinación. Así se consolidó una división de tareas indebidas. En este reparto, a los gobiernos federal y locales les corresponde controlar el registro y toma de nota de las organizaciones gremiales y a los órganos de justicia laboral a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Al patrón le toca decidir el sindicato que será titular del contrato colectivo, firmado comúnmente al margen de la voluntad de sus destinatarios, y a la organización elegida se le otorgan toda clase de facilidades para espolear a los trabajadores. Este modelo se ha mantenido prácticamente incólume, a pesar de los procesos de democratización en el ámbito ciudadano, la apertura comercial y la llamada alternancia política.

Es comprensible que la opinión pública reclame un cambio en el mundo del trabajo frente al creciente desempleo; la degradación de los salarios, de los más bajos del mundo; la supresión de derechos constitucionales básicos, como el reparto de utilidades en extinción resultado de actos de simulación, mediante las llamadas empresas de servicios, promovidas por las propias autoridades encargadas de preservar el cumplimiento de la ley; la impunidad es común denominador, favorecida por la absurda subsistencia de tribunales tripartitos de trabajo, que tardan varios años para resolver hasta la más insignificante reclamación.

En este escenario, existen indicios de que se ha generado una negociación entre el gobierno calderonista y la cúpula priísta para alentar una reforma laboral sustentada en dos principios: el gobierno respetará el corporativismo y el control sindical, a cambio de ser apoyado con la inclusión en la ley de nuevas reglas de flexibilidad, especialmente en materia de contratación individual, tendientes a reducir la estabilidad en el empleo y limitar el carácter protector de la propia norma laboral. Cada parte logrará lo suyo. Lo que es claro es que un arreglo de esta naturaleza en nada favorecerá la creación de empleos y la productividad. Está plenamente demostrado, con amplios referentes internacionales, que la estrategia sustentada tan sólo en la flexibilidad no es buen camino para el logro de estos fines.

Los trabajadores, que en su mayoría carecen de una voz que los represente, aunque dispersos reclaman un cambio de modelo laboral que recupere la dignidad de su labor y limite el abuso creciente de que son objeto. Pocos cuentan con sindicatos y organizaciones legítimas que impulsen una verdadera transformación laboral, con visión integral que combine políticas públicas e incluya reformas de fondo. Un elemento clave de esta propuesta sería reivindicar la contratación colectiva y el diálogo social como fuente de beneficio recíproco entre los factores de la producción, como lo ha propuesto la Unión Nacional de Trabajadores. Para lograr esta concertación es necesario suprimir los mecanismos de control estatal y patronal que impiden en la práctica la formación de sindicatos democráticos. Sin embargo, frente a la reforma laboral no existe uniformidad sobre las propuestas específicas. El sector protegido por los grandes contratos colectivos de trabajo, básicamente de corte u origen paraestatal, es el más resistente a los cambios. Los trabajadores de la pequeña y mediana empresa suelen tener un enfoque diferente, derivado de su difícil realidad en un entorno de contratismo de protección patronal y supresión de protecciones elementales.

La posición del sindicalismo corporativo, como es obvio, se resume en impedir que las cosas cambien, para seguir gozando de toda clase de privilegios. Por esta razón, en su negociación con el gobierno imponen como condición que no se avance de manera alguna en los procesos de democratización y transparencia real. Admiten sacrificios, pero a costa de los trabajadores que dicen representar.

El gobierno sostiene una visión contradictoria. Por un lado, se aleja cada vez más de la vieja plataforma panista que reclamaba libertad sindical; justicia imparcial, planteando incluso la supresión de las juntas de Conciliación y Arbitraje, y la contratación colectiva con participación directa de los trabajadores. Ahora, con una visión pragmática, da prioridad a la tesis de que la flexibilidad y las formas precarias de contratación son el mejor camino. Esto explica el proyecto de reforma promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo contenido se ha limitado a recabar las propuestas de los abogados empresariales. La dependencia se defiende con el argumento de que es la única reforma posible, aun cuando no sea la deseable.

Hoy, más que nunca, en el nuevo escenario de la crisis deberán aprovecharse múltiples experiencias exitosas aplicadas en otros países. También hoy, deberá escucharse el punto de vista de los especialistas y la academia, con la visión interdisciplinaria que conlleva el tema laboral. Para ello, es necesario que los proyectos se sometan al escrutinio de la sociedad. El peor camino es diseñarlos y acordarlos en la penumbra. Del futuro laboral depende la suerte de la mayor parte de la población.