Al igual que sucede en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial Federal (PJF) los fideicomisos sostienen las prestaciones millonarias que permiten a cada magistrado ganar al año 2 millones 410 mil pesos.

En el país todos los jueces y magistrados federales, aparte de su salario mensual, que supera los 100 mil pesos, tienen apoyo para mantenimiento de vivienda, seguro de vida y de gastos médicos mayores (adicional al ISSSTE), capacitación constante, una tasa de interés preferencial en el banco HSBC sobre créditos para la compra de automóviles y de casa habitación y, por si fuera poco, tras su retiro, a los 65 años de edad, pueden gozar de pensiones suficientes para cubrir de por vida su sueldo base mensual y para conservar sus prestaciones, excepto los bonos trimestrales.

Tan sólo durante el segundo trimestre de este año, los fideicomisos correspondientes a la administración del fondo de aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces federales, y el relativo a la administración del fondo para el pago de pensiones complementarias de los juzgadores del PJF, sumaron un saldo favorable de 2 mil 339 millones 299 mil 933 pesos, según consta en un informe elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del PJF.

En ese contexto, bien vale recordar lo que La Jornada publicó en su edición del pasado 27 de agosto, cuando dio cuenta de que aún cuando dos días antes había entrado en vigor la denominada ley de salarios máximos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seguirán ganando por encima del sueldo presidencial (200 mil pesos mensuales), al menos en lo que resta de 2009. Su ingreso (más de 340 mil pesos al mes, incluidas prestaciones) es casi igual al del presidente de Estados Unidos, Barack Obama (32 mil dólares mensuales).

El documento oficial sobre los dos fideicomisos antes mencionados –que puede consultarse en la página de Internet del CJF– fue aprobado por el pleno de los siete consejeros de la Judicatura el pasado 15 de julio, como parte del informe que se rinde de manera trimestral a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de la obligación del Poder Judicial establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El considerando segundo de ese informe refiere que, “de conformidad con lo señalado en el supuesto normativo presupuestal federal en comento, el CJF presenta la siguiente información:

“1. Contrato de fideicomiso 4546-2 con el banco internacional, ahora HSBC México, SA, para la administración del fondo por concepto de las aportaciones para el programa de mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces del PJF.

El contrato aludido se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones que, a través de descuentos por nómina, se efectúan a los magistrados y jueces, así como por los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al mantenimiento de viviendas asignadas a magistrados y jueces. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 25 millones 740 mil 667 pesos, indica el informe.

“2. Contrato de fideicomiso F/676 con Ixe Banco, SA, para la administración del fondo para el pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito del PJF.

El contrato aludido se conforma por los recursos transferidos por la SCJN, así como por otros ingresos y los productos financieros que se generan. Dichos importes se destinan al pago de pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito, y comisiones bancarias por administración. El saldo al 30 de junio de 2009 es de 2 mil 313 millones 559 mil 266 pesos. Incluye ingresos por concepto de concesión de espacios de máquinas expendedoras, intereses, plusvalías y minusvalías, así como pensiones pagadas a magistrados y jueces y comisiones pagadas al fiduciario, además de comisiones bancarias, informó el CJF.

En tanto, fuentes judiciales revelaron que los dos fideicomisos antes mencionados no son los únicos que controla el CJF y la SCJN, ya que también tienen en su poder otros siete que involucran la administración sobre funcionarios del PJF para mantener sus gastos médicos, de capacitación, pero también para cualquier proyecto de interés que requieran los juzgadores.

Finalmente, precisaron que de los nueve fideicomisos sólo uno existe por ley. Se trata del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, creado en 2006 por el Congreso de la Unión para que el PJF aproveche los intereses de bienes asegurados, fianzas y otros depósitos.