l gobierno ha tratado, ya en varias ocasiones desde que se desató la actual crisis, de estimular a la economía para contrarrestar los efectos adversos de la fuerte recesión productiva y la pérdida de empleos.
No obstante, los resultados del primer semestre del año son bastante negativos, con grandes caídas del nivel de producción, del consumo y de la inversión.
El sector de las manufacturas, otrora el motor del crecimiento por la vía de las exportaciones, ha registrado una fuerte contracción y sigue dependiendo casi por completo de la demanda de Estados Unidos. La producción de petróleo está de capa caída.
El decrecimiento de la economía ha tenido, igualmente, un gran efecto negativo en las finanzas públicas, y con la disminución de los ingresos tributarios –incluyendo los petroleros– se ha abierto un déficit fiscal grande que hay que contener.
Se ha anunciado recientemente otro paquete de medidas de estímulo a la producción y al empleo. No se conoce el resultado de los anteriores paquetes aplicados desde octubre del año pasado. Este último conjunto de diez medidas no es muy distinto a los anteriores.
El piso de las posibles acciones del gobierno a estas alturas ha sido claramente expuesto por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner. No queda mucho espacio más que contraer fuertemente el gasto público y aumentar los impuestos.
La política económica tiene dos grandes características para que se acreciente su efectividad y son: la oportunidad y la mezcla de los instrumentos que se utilizan. Por supuesto que detrás de ello debe haber una suficiente claridad de lo que se quiere lograr y de las fricciones políticas que se provocan.
No hay manera de evitar el surgimiento de conflictos cuando aumentan los costos de la intervención pública derivados de la reasignación de los recursos. Es decir, primero en cuanto a su redistribución entre el sector privado y el gobierno y, luego, de su redistribución entre las empresas y las familias.
Estamos precisamente en esa situación en la que dichos conflictos no se pueden ni siquiera tratar de encubrir, sino que se van a manifestar de manera muy evidente.
Hay, por cierto, mucho de dónde cortar el gasto público y reducir la ineficiencia gubernamental. Esto no sólo en cuanto a la operación corriente en todos sus niveles, sino también en cuanto a la desviación de recursos para mantener arreglos políticos que este país ya no resiste.
No es claro que existan, sin embargo, los incentivos para que esto ocurra, pues la estructura de las relaciones de poder no los crea. Ahí están, y sólo como botones de muestra: el sector educativo, Pemex, el Poder Judicial y el Congreso, aunque la lista es muy larga.
El subsecretario Werner señala de modo expreso el problema de la mezcla de políticas. Estímulos a la producción y al empleo, por un lado; restricción al consumo y más carga sobre el ingreso mediante impuestos más altos, por el otro.
Es un cóctel cuyo resultado puede ser muy distinto al esperado, debido, sobre todo, al frágil estado en el que se encuentra la economía. Los precios de los bienes producidos por empresas públicas subirán también y será más difícil mantener los niveles actuales de la inflación.
Con respecto a la oportunidad, lo que en inglés llaman el timing, lo que se puede decir es que a estas alturas no hay mucho espacio para dónde hacerse. Las condiciones financieras se están deteriorando rápidamente.
Las calificadoras de riesgo bajan el rango de calidad de la deuda pública, el mercado cambiario reacciona al alza casi de inmediato, se siguen usando reservas para apoyar al peso y, pronto, las tasas de interés tendrán que empezar subir. La cada vez más precaria estabilidad no podrá sostenerse ni por la vía de la recesión, como ha ocurrido hasta ahora.
La recuperación económica en Estados Unidos va a ser muy lenta. La tasa de desempleo volvió a subir en agosto, aunque el decrecimiento del producto se ha frenado. Todo ello con un gasto público enorme y una gran acumulación de deuda.
Si se reconoce que el margen de maniobra aquí es muy estrecho. Los estímulos deben ser más audaces en un marco de fuerte restricción como el que prevalece. Si estos estímulos son menores a las restricciones que se derivan de la política fiscal, saldremos más castigados.
Las cargas del ajuste en curso tienen que negociarse mediante una acción política más decisiva. No es tiempo de preciosismos sobre la eficacia de las medidas tributarias y fiscales en general.
Distribuir los costos en un escenario de gran desigualdad social es irremediable, y la experiencia reciente como fue el caso del Fobaproa-IPAB y el salvamento de los bancos en 1995, con nuevas modalidades ahora más evidentes, no puede seguirse repitiendo sin contención alguna.
A corto plazo la carestía será sumamente costosa y esto en un entorno de decrecimiento de los ingresos de la gran mayoría de las familias y de un mayor endeudamiento. La presión social será demasiado grande. Estamos en el filo de la navaja.
