onsciente del lamentable estado que guardan las finanzas públicas y la grave enfermedad social que padece el país, la siempre propositiva e innovadora iniciativa privada nacional, por medio de sus órganos de representación, le toma la mano al gobierno calderonista y, junto a él, concluye que para salir del hoyo y cambiar lo que haya que cambiar no hay mejor fórmula que no cambiar nada.

Así es: los que promueven el cambio se niegan a cambiar, y tras el tercer Informe la alternativa de cambio es dejar exactamente las cosas tal cual, y de nueva cuenta pasarle la factura a los de siempre, porque las cosas no pueden seguir igual (Calderón dixit, con ovación de fondo de la cúpula empresarial).

Madre de todas las reformas habidas y por haber en este país (el padre tiene varias caras: Banco Mundial y FMI, entre ellas), el empresariado cúpula presume neurona y micrófono en mano propone universalizar IVA y desaparecer secretarías del Ejecutivo, como fórmula mágica para salir del hoyo, dejar las cosas tal cual están, evitar a toda costa que les desaparezcan los privilegios fiscales, quitarse de encima engorrosas cuan inútiles dependencias públicas y de pasadita presentarse como salvador de la patria.

Al grito de que paguen los jodidos, nuevamente, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) –dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, el mismo que tres años atrás inventó aquella frase de apostar a algo distinto sería retroceder– le pone la cereza al pastel de su propuesta: que se compense con programas sociales el gravar con 15 por ciento medicinas y alimentos, además de exigir la revisión a fondo de subsidios y eliminar dependencias.

Tan novedosa propuesta no es otra que el famoso pilón que, por la misma vía, prometió Vicente Fox cuando dormía en Los Pinos; idéntica a la promesa aquella del señor de la lengua larga y las ideas cortas, en el sentido de que gravar alimentos y medicinas (y libros, y transporte, y todo lo que se mueva) es la solución y en nada afecta a los sectores más desfavorecidos (léase a los jodidos).

Lo más llamativo de la propuesta empresarial es que deja a un lado la única salida real que tienen las finanzas públicas para lograr su oxigenación a corto plazo: erradicar del mapa los regímenes tributarios especiales que a la nación le cuestan 500 mil millones de pesos anuales, en promedio, y a los empresarios cupulares les significan miles de millones en utilidades.

La nación, vía exportación petrolera, durante muchos años cubrió lo que ese tipo de empresarios dejó de pagar al fisco, pero resulta que la gallina de los huevos de oro negro a punto está de sucumbir, porque en la intentona privatizadora –que a punto está de cumplir dos décadas– a ningún genio gubernamental se le ocurrió invertir para que la susodicha gallina tuviera un futuro más prometedor. Agotóse el petróleo –ergo se acabó el dinero para financiar fiscalmente a los ricos–, de tal suerte que hay que exprimir aún más a los exprimidos: que paguen IVA en medicinas y alimentos, que total se los regresan con pilón marca Fox-Calderón (derechos reservados), toda vez que se podrían aplicar medidas compensatorias a través de programas como Oportunidades. Imaginativos, sin duda.

Que otros sean los que paguen, porque los privilegiados empresarios de siempre de plano se niegan a hacerlo. Y se les podría obligar, como establece la ley, aunque para proceder en tal sentido lo primero que debe existir es un gobierno, no una gerencia con oficina principal en Los Pinos, y un Sistema de Administración Tributaria que hiciera su trabajo (ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión y elusión fiscales, acabar con el aberrante régimen de consolidación, etcétera, etcétera). Lamentablemente México carece de eso, de tal suerte que la pelota está en la cancha legislativa, que tampoco garantiza.

Mañana martes se despejarán las dudas –si existen– sobre el rumbo a seguir propuesto por el inquilino de Los Pinos, con el fin de que nada cambie en este país al que le urge cambiar, según su propio comercial. Por ley, el 8 de septiembre vence el plazo para que el gobierno federal presente su programa económico (2010, en este caso), que incluye criterios generales de política económica, miscelánea fiscal, proyecto de Ley de Ingresos y proyecto de presupuesto de egresos.

Se supone que en el marco de ese paquete se propondrá la desaparición de algunas secretarías del Ejecutivo y la fusión de otras. Entre las primeras estaría la de la Función Pública, creada por el autodenominado gobierno de la renovación moral, el de Miguel de la Madrid, y originalmente denominada Secretaría de la Contraloría General de la Federación (que estrenó Francisco Rojas, actual líder de la bancada tricolor en San Lázaro, para la ridícula pretensión de supervisar, desde el gobierno, al gobierno mismo), la cual nunca cumplió con el objetivo planteado, convirtiéndose no sólo en un onerosísimo elefante blanco dentro de la de por sí ineficiente administración pública, sino en tapadera de las corruptelas y excesos del presidente en turno, con toda la banda que lo acompaña.

En un rápido ejercicio de memoria (Federico de la Madrid, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Cabal y sus andanzas financieras en la campaña zedillista, las atrocidades de la familia presidencial en turno, Amigos de Fox, Pemexgate, Sahagún & Co, Mouriño, Hildebrando, las manos limpias y lo que se deje en el tintero), la SCGF-SFP ha sepultado todas las corruptelas de los clanes De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y, lo más reciente, Calderón (sin olvidar a los Zavala). Así, esta dependencia podría desaparecer, para que de la nada surja otra semejante, pues el inquilino de Los Pinos no piensa descobijarse así nada más porque sí.

Las rebanadas del pastel

Ya el lerdo senador Manlio Fabio Beltrones tuvo a bien informar al respetable que en los últimos nueve años se crearon más de 70 subsecretarías o sus equivalentes y cerca de mil direcciones adjuntas que encubren esa alta burocracia. Ahí es donde se está gastando el dinero, en lugar de hacerlo en estimular una economía que necesita eso para crecer… Qué bueno que denuncie este asalto al erario, pero Beltrones bien pudo informarlo antes para evitar el atraco a las arcas públicas, porque la suma de ese universo de cuates al gran aparato burocrático (tabulador actual) se traduce en una erogación no menor a 16 mil 500 millones en el sexenio calderonista. Lo anterior sólo por sueldos y prestaciones, sin incluir gastos de comidas, viajes, celulares, guaruras, coches y conexos.

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