ran bravos los perros que les mandé; no dejaron a nadie vivo, ni a los niños. Somos bien chingones. Éstas fueron las palabras con las que Tomás Pérez Méndez, de Los Chorros, celebró el retorno triunfal de los paramilitares que acababan de masacrar en Acteal 45 seres humanos pacíficos, desarmados, mujeres y niños en su mayoría. Su autor acaba de ser liberado por la Suprema Corte que, sin preguntarse siquiera si era culpable, le concedió un certificado de impunidad para que ya nunca pueda ser juzgado por ese delito.

Es claro que cualquier ser humano normal se hubiera detenido a averiguar algo sobre esta historia de horror antes de dejar libre a un responsable que ha sido claramente señalado por los testigos. Pero uno deja de ser un ser humano normal cuando percibe más de 300 mil pesos mensuales. El ministro José Ramón Aguirre (que percibe un poco más que eso) afirmó que la prioridad de la Corte tenía que ser analizar “la violación de las formalidades… de la técnica jurídica” (sic). Lo demás no son más que intuiciones personales o subjetivas (resic). Así tiene que ser, argumentó el ministro, porque si no, acabaríamos en la impunidad y en la ausencia de estado de derecho. Faltaba más. Dicho lo cual, el ministro se retiró muy satisfecho a gozar de sus bien ganados emolumentos. Como cantó Óscar Chávez en Oventic hace unos años: Su monólogo el gobierno / nada mas él se lo cree / y se lleva su cuaderno / y en su palacio lo lee.

Normalmente cuando una persona traiciona la verdad no es por no decir lo que ve, sino por negarse a ver más allá de lo que quiere ver. Todos hemos cometido alguna vez ese pecado, pero hay quienes tienen a la mano elaboradas y muy profesionales justificaciones para su ceguera voluntaria. Los ministros de la Corte son expertos en ello. Es prácticamente su modus operandi. Lo aplicaron también al caso de Lydia Cacho para no ver la realidad de la red de pederastia que estaba detrás del caso. Dijeron que eso era irrelevante para su trabajo. Conclusión: la realidad es irrelevante para los ministros y los ministros son irrelevantes para la realidad.

Así pues, no ver el contexto en el que se dio la matanza de Acteal significa necesariamente adoptar una postura falsa sobre la masacre. El contexto en el que se dio Acteal fue el del levantamiento zapatista y la respuesta contrainsurgente que dio el gobierno. Esto ya se ha dicho muchas veces y es profundamente verdadero. Pero en este contexto falta una pieza que parece totalmente olvidada y sin embargo es fundamental para acabar de entender, no sólo lo que pasó en Acteal en diciembre de 1997, sino lo que está pasando ahora en el país. Esa pieza es la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas.

Aunque la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas nunca ha sido tan taquillera como los acuerdos de San Andrés, es justo y necesario recordarla por varias razones.

Primero, porque constituye un caso excepcional, quizás único en el mundo. Un grupo guerrillero declara la guerra al gobierno, el gobierno contrataca y la sociedad se moviliza para decir que quiere la paz, pero una paz que tome en cuenta las justas demandas de los alzados en armas. A continuación el pueblo da a su gobierno el mandato de resolver el conflicto mediante el diálogo. Segundo, porque si alguna vez la voluntad popular ha sido más que un mito fue en esa ocasión en que de todas las clases sociales surgió el clamor que rechazaba el uso del Ejército contra los mexicanos más pobres y marginados y pedía una paz con justicia y dignidad. Y tercero, porque por una vez, quizá la única vez en nuestra historia reciente, las instituciones realmente funcionaron. Los partidos políticos y el Congreso de la Unión respondieron a la altura de las circunstancias. La voluntad popular se convirtió en ley. Es importante recordar eso en estos momentos de total descrédito de los partidos políticos porque ésa fue la última vez que los partidos realmente representaron los sentimientos de la nación.

De hecho, el descrédito de las instituciones, hoy tan cruelmente evidente, data de ese momento crucial, más que de las elecciones de 2006 y antes aún que del rechazo a la iniciativa de la Cocopa para legislar los acuerdos de San Andrés. Porque, como acaba de recordar Jaime Martínez Veloz, actor de aquella original Cocopa, mientras una ley con toda la legitimidad que cabe pedir a una ley sentaba las bases para una solución pacífica, desde las profundidades de las cañerías gubernamentales se iba fraguando una estrategia para burlar la ley y la voluntad popular. Así se fue desplegando, paralelamente al proceso de diálogo, el proceso de contrainsurgencia: la formación de los paramilitares, la política de aislamiento del EZLN y la destrucción del tejido social. Cada vez que había un avance en el diálogo surgía en algún lugar un sabotaje o una provocación. En vez de paz con justicia y dignidad, la administración del terror para conservar el poder.

En una confesión de parte mucho más significativa que las supuestas confesiones de paramilitares sobre las que construyó sus fantasías acerca de Acteal, Aguilar Camín escribió que las autoridades no podían actuar abiertamente por la ley de Concordia y Pacificación (sic); por eso decidieron no contener [...] al otro bando y hasta ayudarlo. El otro bando es naturalmente un eufemismo para los paramilitares. (Ver Nexos, nov. 2007, pág. 65.) Claro que el vocero de los que nunca quisieron aceptar la ley para el diálogo se queda corto, pero su confesión es suficiente para acreditar que el gobierno, estatal y federal, ayudó a los asesinos de Acteal.

Acteal es la consecuencia terrible pero lógica y natural de la decisión de los poderes de facto de no acatar la voluntad popular que exigía diálogo, no guerra. Encontrar a los verdaderos culpables de la matanza de Acteal implica encontrar a los responsables de la debacle en la que está México; del descrédito de las instituciones políticas y judiciales, de la ruptura del tejido social, de la creciente militarización. Por eso no serán juzgados mientras no haya un gobierno que se libre de la tiranía de esos poderes.

* Ex miembro del Frayba y educador en el municipio de Chenalhó