os hemos convertido en un país de magnicidios, masacres y genocidios sin culpables; un país de inocentes. Un país de irresponsables que van por la vida sin rendirle cuentas a nadie; seres de una nación sumida en la impunidad. En el régimen anterior, antes del advenimiento de nuestro remedo de democracia, la impunidad era soberana, no ofrecía explicaciones. Actuaba porque sí. Hoy aparentamos preocupación por el Estado de derecho y recurrimos a nuestros tribunales; involucramos cada vez más a la Suprema Corte para demostrar que respetamos la norma jurídica. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¡Aburto!, respondemos todos a una como aldeanos de Fuenteovejuna. Aunque sepamos que hubo más de un asesino solitario (para desilusión del fiscal Miguel Montes).

En el caso Colosio, cuando reinaba Carlos Salinas de Gortari (hoy convertido en factótum del regreso del PRI) la culpabilidad del magnicidio se escondió tras una gruesa capa de información mediática destinada a desorientar. Allí no hubo más investigación independiente que una patética comisión de notables designada por Salinas, reconocido maestro del control de daños. (Aunque al día siguiente del magnicidio haya circulado el cuento de un oficial del Estado Mayor, que habiendo informado al Presidente de la tragedia recibió por única respuesta una insólita pregunta: ¿cómo, ya dieron las siete?)

En el caso de Tlatelolco el magistrado José Guadalupe Lima Altamirano, cuya tesis de amparo fue ratificada por el quinto colegiado, concluyó que no existía prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demostrara que Echeverría preparó, concibió o ejecutó la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas (o de las sepulturas, como la apodó Demetrio Vallejo, o de los sacrificios, como la llamó Octavio Paz). Sobre eso escribí en La Jornada (03/4/09) lo siguiente: “el magistrado (qué digo magistrado: ¡mago!) logró un milagro de proporciones bíblicas. Hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables”. Lo dicho: ¡un país de inocentes!

Nuestros tribunales, impulsados por litigantes encorvados sobre la letra de la ley, no se detienen a analizar el impacto social del delito; dictan resoluciones descarnadas que rechazan cualquier elemento que no sea estrictamente jurídico.

Tras el triunfo aplastante del PRI (el partido que encubrió a los paramilitares de Chiapas), la primera sala de la Suprema Corte amparó y liberó a 20 de los implicados en la matanza de Acteal. De nuevo, el tecnicismo jurídico y la letra de la ley sobre la verdad histórica y el impacto social. No ha llegado aún a nuestro máximo tribunal la filosofía del verdadero significado de la división de poderes que prevalece en el sistema constitucional de Estados Unidos, del cual tomamos nuestra forma de gobierno. Mientras allá la corte suprema ha sido bastión de las garantías constitucionales, pero también motor de desarrollo social, de igualdad y democracia, nuestra Corte continúa atrapada entre las telarañas del poder y la tentación kelseniana: ¡la letra de la ley por encima de todo! En esa vena, la Corte amparó a paramilitares que fueron identificados por familiares y sobrevivientes, y que hoy transitan en libertad.

El controvertido fallo llegó siete días antes de que se revelaran documentos secretos de inteligencia militar en Estados Unidos (www.gwu.edu/~nsarchiv/), los cuales confirman lo que han venido diciendo sobre los paramilitares La Jornada y otros diarios, y obras como los testimonios dolorosos de Hermann Bellinghausen (Acteal, crimen de Estado).

En el portal mencionado apareció el 20 de agosto de 2009 un documento titulado Rompiendo el silencio: el Ejército Mexicano y la masacre de Acteal de 1997. Ahí aparece un cable del agregado militar de Estados Unidos en México, confirmando que en 1997 oficiales de inteligencia del Ejército Mexicano supervisaban grupos de paramilitares enquistados en las comunidades de Chiapas donde ocurrió la tragedia. El ejército les aseguraba armas, impunidad, y protección contra las autoridades civiles. (Eso explica por qué la policía apareció en Acteal muchas horas después de consumada la masacre.) Los grupos de paramilitares, formados en 1994 por instrucciones del presidente Salinas, continuaron operando durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en cuyo mandato ocurrió la tragedia.

Kate Doyle, encargada del Proyecto México The National Security Archive, dice que solicitó a la Presidencia información sobre Acteal, y que ésta la envió al Archivo General de la Nación, donde encontró una montaña desordenada de archivos y documentos sin clasificar. Frente a esta frustrante falta de interés oficial, el reciente fallo de la Corte pudiera ser el último clavo que selle un crimen de Estado que permanecerá, como tantos otros, perdido en nuestro creciente mar de impunidad.

La composición fotográfica de La Jornada después del fallo de la Corte (13/8/09) fue desgarradora. Al lado de la joven indígena con el rostro bañado en lágrimas, aparece la imagen de un togado ministro, José Ramón Cossío, cubriéndose la cara con ambas manos: ¿vergüenza?

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