La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que en Estados Unidos hay una tendencia creciente a criminalizar a los migrantes mexicanos y en general a los latinos, al señalar, por otra parte, que hasta la fecha no ha recibido solicitud de autoridades judiciales para la búsqueda de niños que desparecieron del albergue Casitas de Sur, que podrían haber sido trasladados al extranjero por una red de traficantes de personas.

El director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, Daniel Hernández Joseph, indicó que en Estados Unidos hay un ambiente hostil hacia el migrante indocumentado o legal, y que esto se observa sobre todo en lugares de nueva migración mexicana, como Mississipi, Alabama, Oklahoma, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Kentucky.

Agregó que la discriminación es más compleja, acérrima, dura y difícil en sitios de nueva migración, donde hay pocos mexicanos y se carece de representación consular.

El diplomático destacó que México cambió recientemente su legislación para despenalizar la migración indocumentada, mientras en Estados Unidos la tendencia es a incrementar las sanciones y a criminalizarla. Sin embargo, advirtió, se trata de un fenómeno que no es exclusivo de ese país; también se observa en otras naciones de destino.

Hernández Joseph se refirió al caso de la indígena Cirila Baltazar Cruz, a quien una juez de Mississipi ordenó separarla de su hija para otorgarla en custodia a una pareja de estadunidenses, porque a su parecer la oaxaqueña ponía en peligro a la menor, debido a que era indocumentada, no habla inglés y es pobre.

Recordó que dicho fallo se dio en diciembre de 2008 y que la SRE condenó y rechazo la decisión. Nos indigna (el caso) y hemos intervenido con toda energía, subrayó, al dar a conocer que trabaja en colaboración con el Centro Legal para los Pobres del Sur de Estados Unidos en la apelación de la sentencia.

En el contexto de la segunda Reunión de Encargados de Protección a Mexicanos en el Exterior, se informó sobre violaciones a los estándares de detención y de acceso al apoyo consular en cárceles de Estados Unidos.