En México operan 47 bandas del crimen organizado involucradas en la trata de personas y tienen presencia en 17 entidades, principalmente en el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Quintana Roo y Jalisco; además tienen vínculos en Centroamérica y Estados Unidos, señalan datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contenidos en el informe denominado Instrumento para el estudio de las condiciones de trata en México, dado a conocer por la asociación de abogados de Estados Unidos (ABA-Roli, por sus siglas en inglés).

En ese contexto, la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra), Guadalupe Morfín Otero, aseguró que no existen siquiera cifras estimadas de las ganancias que genera este delito en México, debido a que inclusive la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que en México existen entre 50 mil y 500 mil personas afectadas por la trata, pero este delito no sólo se comete para explotación sexual o pornografía, sino hasta para cuestiones de esclavitud laboral.

El documento, cuyo contenido fue dado a conocer en la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el centro de la ciudad de México, por Michael McCullough, director para América Latina y el Caribe de ABA-Roli, también menciona que de los 47 grupos, la SIEDO ha identificado que 14 operan en Guerrero y, además del delito de trata, también realizan acciones de pornografía infantil.

Sin embargo, el estudio realizado en México en los meses recientes resalta que a pesar de la existencia de legislación para perseguir y sancionar el delito de trata de personas, ni en el ámbito federal ni en el fuero común se ha dictado una sola sentencia por ese ilícito.

Agrega que la SIEDO ha iniciado acción penal en tres casos relacionados con trata de personas, pero ninguno según la ley federal en la materia, y que las redes de delincuentes involucrados en estos asuntos eran dirigidas por ciudadanos de México, Guatemala y Ecuador.

El informe señala de igual manera que debido a que los traficantes suelen recurrir a lavado de dinero para esconder las ganancias ilícitas que obtienen del delito de trata de personas, es de vital importancia que México persiga las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto de la actuación de los encargados de impartir justicia en los casos de trata de personas, el documento refiere que en la práctica, los jueces a nivel tanto federal como estatal se han mostrado reacios a aceptar los cargos de trata de personas conforme a las nueves definiciones, y han preferido cambiar los cargos delictivos a delitos más comunes que pueden conllevar penas menores, como lenocinio.

Según la investigación realizada por ABA-Roli se identificó a Baja California como el estado con más altos niveles de trata de personas para explotación sexual, tanto de niños y niñas como adolescentes y posible trata de migrantes trabajadores en el sector agrario. En Chiapas, “la situación de las mujeres y niños centroamericanos es una preocupación especial, y predomina la explotación sexual comercial, trabajo doméstico y trabajo forzado en sectores agrícola e informal. Chihuahua registró altos niveles de turismo sexual, especialmente explotación sexual comercial de niños.

En Guerrero las situaciones de trata de personas varían de explotación sexual de niños, especialmente, para el turismo sexual en Acapulco, hasta la posibilidad de trata de personas indígenas como trabajadores agrícolas temporales. En Oaxaca se registran altos niveles de migración hacia Estados Unidos, además de que existe la preocupación de trata de personas en comunidades indígenas para trabajo agrícola y explotación sexual comercial, y existe la trata potencial de migrantes centroamericanos.