El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, en voz de Graco Ramírez, denunció una red de tráfico de influencias y conflicto de intereses de autoridades hacendarias, que son al mismo tiempo socios o han estado ligados al despacho White and Case, el que representa a grandes empresas que ha ganado juicios millonarios al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De cada 100 juicios, el SAT pierde 50, y ello se debe a que los encargados de cobrar impuestos son parte interesada en los litigios de corporaciones que eluden y evaden sus responsabilidades fiscales, sostuvo el senador Graco Ramírez, al presentar la investigación que desde hace un año lleva a cabo su bancada. Explicó que tan sólo en 2007, Hacienda devolvió a grandes contribuyentes 130 mil millones de pesos.

La plana mayor del SAT, dijo, comenzando por el jefe de la misma, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, además del administrador general de grandes contribuyentes, Juan Carlos Rizo León, y el administrador central de fiscalización a precios de transferencia 2008, Christian R. Natera Niño de Rivera, están ligados al despacho; los dos últimos como asociados senior.

Hay un claro tráfico de influencias, ya que se acuestan como socios de un despacho que se querella contra el SAT y se levantan como funcionarios de ese organismo. Explicó que el ex embajador de Estados Unidos en México Tony Garza recién ingresó a White and Case, pero fue el actual titular del SAT, Gutiérrez Ortiz Mena, el que estableció en 2001 el área fiscal de ese despacho en México. Se trata de una de las cinco firmas más poderosas en el mundo, a la que el gobierno federal permitió operar con su nombre global en territorio nacional, y a la que se han integrado también otros funcionarios ligados al banquero Roberto Hernández y al secretario de Hacienda en el sexenio de Fox, Francisco Gil Díaz. Además de los funcionarios que tienen responsabilidades claves en el SAT, son socios del despacho Vicente Corta Fernández, quien fue vocal del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); Margarita de la Cabada, igualmente funcionaria de ese organismo que sustituyó al Fobaproa, y Luis Mancera Arrigunaga, quien trabajó en la SHCP en 2004 y fue procurador fiscal.

Es evidente el conflicto de intereses de los funcionarios que trabajaron en el IPAB, ya que tuvieron en sus manos información importante y confidencial del rescate bancario, agregó el legislador perredista.

Detalló que el despacho White and Case es representante de clientes particulares en conflictos fiscales y legales con el SAT, y al mismo tiempo asesor de la propia Secretaría de Hacienda, por lo que el PRD exigió una explicación al titular de la dependencia, Agustín Carstens.

El senador Ramírez Garrido Abreu agregó que todos los que deciden sobre cuestiones hacendarias y fiscales están en White and Case, y todos pasaron por Avantel o Banamex; también tienen relación con Gil Díaz, el primero en defraudar al fisco al permitir la venta de ese banco a Citigroup sin pagar impuestos.

Advirtió que el PRD va a entablar demandas penales contra los funcionarios del SAT involucrados, por conflicto de intereses y coalición de servidores públicos, ya que han originado un fuerte daño patrimonial al país, al posibilitar, desde su doble posición, que las grandes empresas evadan o eludan el pago de gravámenes.

Se trata de una mafia enquistada en la Secretaría de Hacienda, que actúa contra la propia dependencia, ya que desde el propio Servicio de Administración Tributaria, según consta a gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática, se les aconseja acudir a White and Case cuando tienen problemas fiscales.