Toluca, Méx., 27 de agosto. El juez segundo de lo penal dictó auto de formal prisión a Francisco Estrada Castro y Luis Gutiérrez Montiel, ejidatarios de San Antonio la Isla, acusados por el gobierno del estado de México de ataques a las vías de comunicación por bloquear la avenida Lerdo el 14 de agosto, durante una protesta contra la instalación del relleno sanitario La Estación, en el ejido Las Cruzadas de ese municipio.

Pese a que el delito que se les imputa no es considerado grave y tendrían derecho a libertad bajo fianza, el Ministerio Público (MP) solicitó al juez Héctor Térrez negarles esa prerrogativa por considerarlos sujetos de alta peligrosidad.

Así, Estrada Castro y Gutiérrez Montiel deberán enfrentar su proceso penal recluidos en el penal de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, donde se encuentran desde la noche del lunes, luego que fueron detenidos por policías ministeriales cuando hacían guardia en el campamento instalado hace 20 días en el acceso principal del basurero para oponerse a su operación.

Esta táctica jurídica fue la misma que utilizó el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto para encarcelar a habitantes de San Salvador Atenco detenidos en mayo de 2006, cuando la policía sitió el municipio y arrestó a más de 200 personas.

La mayoría de los aprehendidos en aquella ocasión fueron acusados de ataques a las vías de comunicación y a una docena de ellos el MP los consideró de alta peligrosidad, por lo que tuvieron que enfrentar su proceso encarcelados más de dos años, hasta que un juez federal les otorgó un amparo directo por considerar que no tenían responsabilidad en los hechos imputados.

Los otros tres ejidatarios de San Antonio La Isla que fueron detenidos el lunes apenas fueron puestos a disposición del juez cuarto penal de Toluca esta mañana, y por la tarde rindieron su declaración preparatoria.

Sotero Estrada, Mónica Estrada y Jesús García, a diferencia de sus compañeros, fueron consignados por el delito de oposición e impedimento a una obra pública (en este caso el relleno sanitario), delito que tampoco es considerado grave, por lo que alcanzarán libertad bajo fianza si el MP no los declara peligrosos.

En San Antonio la Isla permanecen 300 granaderos de la policía mexiquense, quienes resguardan el basurero al que se oponen los habitantes del ejido Las Cruzadas, con el argumento de que contamina los mantos freáticos y recibe desechos peligrosos.