Existe una amenaza creíble de querer privatizar actividades fundamentales de la industria petrolera, advirtió Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos (Pemex), aludiendo a recientes declaraciones de servidores públicos del sector energético.

Las voces dentro del gobierno federal que suspiran por una reforma petrolera de segunda generación no han cumplido el mandato legal de la reforma petrolera aprobada hace casi un año por el Congreso de la Unión, aseveró.

“Es absurdo que ya se impulsen ‘reformas a la reforma’ cuando ni siquiera se han publicado los Reglamentos de la Ley de Petróleos Mexicanos y las adecuaciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, lo que tiene a Pemex en jaque en materia de los nuevos esquemas contractuales”, añadió.

El miércoles, la secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, adelantó que habrá un desplome de la producción de petróleo crudo ese año y se manifestó por cambios legales para abrir el sector energético a la iniciativa privada.

Retrasan aplicar reforma

Ruiz Alarcón señaló que tampoco se ha terminado de elaborar la Estrategia Nacional de Energía, ni se ha instalado el Foro Consultivo que debería apoyar las labores de la Comisión Nacional de Energía. Tampoco han sido emitidos los bonos ciudadanos, que formaban parte de la iniciativa del Ejecutivo federal, dijo.

Por acción u omisión retrasan casi todo lo referente a la reforma petrolera que fue aprobada en octubre del año pasado. “Pareciera que existe –señaló el consejero– una especie de revancha de quienes no pudieron sostener sus argumentos privatizadores y hoy pretenden ganar a través de la presión en los medios lo que el año pasado perdieron en el debate nacional. De ello dio cuenta la nación entera”.

El especialista en temas energéticos y doctor por la Sorbona de París criticó los argumentos en favor de una apertura a la inversión privada en la industria petrolera nacional, al aseverar que cualquier cambio legal orientado a la privatización de la refinación sería inconstitucional e ilegal.

“Debo insistir en que están metiendo al Congreso y al Ejecutivo federal en un callejón sin salida, que cada quien asuma sus responsabilidades. Pero me parece que se están tomando atribuciones que no les corresponden al cuestionar las decisiones de un poder como es el Congreso de la Unión. El Legislativo ha decidido una serie de cambios legales que deben aplicarse. En lugar de esto, lo que escuchamos –dijo– es la insistencia en desprestigiar sus alcances y orientación.”

Rechazó que en la discusión de la reforma se haya analizado la posibilidad de maquilar refinados