La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó ayer al pleno de 11 ministros la definición sobre la legalidad de la venta de unos 56 mil créditos otorgados por el Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a dos empresas privadas especializadas en la recuperación de cartera vencida.

Por tercera ocasión, la Segunda Sala de la Corte aplazó este caso, en el que deberá resolver una contradicción de tesis, entre tribunales colegiados, para fijar jurisprudencia sobre el tema.

La determinación de ayer fue avalada por Laura Itzel Castillo, presidenta del Consejo de Defensa de Vivienda (CDV) y diputada federal electa por el Partido del Trabajo (PT), quien tras concluir la sesión de la Segunda Sala sostuvo que los 11 ministros de la Corte habrán de enriquecer la discusión sobre este asunto, que, según ella, es fundamental porque está en juego la venta de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en 2006, a un precio promedio, por cada vivienda, de unos 25 mil pesos.

En octubre de 2005, la cartera fue adquirida por las empresas Scrap II y Recuperadora de Deuda Hipotecaria (RDH), que pagaron mil 600 millones de pesos por 56 mil 491 créditos vencidos.

Scrap II pertenece a la empresa mexicana Pendulum Associates, mientras que RDH formaba parte en 2005 de GMAC, filial de General Motors; hoy pertenece a la empresa mexicana Zendere.

La diputada petista representanta a decenas de trabajadores afectados, muchos de ellos han obtenido amparos de tribunales, mientras que a otros se les ha negado la protección de la justicia, lo que representa una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito.