La Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado de México (CEM) consideró que mientras no brille la verdad en la masacre de 45 indígenas en Acteal, las sospechas y las desconfianzas seguirán creando divisiones entre los pueblos indígenas de Chiapas.

Al pronunciarse sobre el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que amparó y ordenó la liberación de 20 de los indígenas que fueron acusados de la matanza, el organismo refirió que los ministros sustentaron su decisión en que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Por ello pareciera –apuntó– que la resolución de los ministros “no hace más que reconocer que la procuraduría es incapaz de realizar una investigación.

“Fuese o no cierto lo anterior, hoy más que nunca la herida que dejó la masacre de Acteal hace florecer nuevas dudas y desconfianzas que nos llevan a preguntar: ¿si estos 20 liberados no fueron, entonces quién o quiénes lo hicieron?, ¿quién los armó y pagó por la sangre de 45 indígenas acribillados hace más de 11 años?

Si la Suprema Corte cree que no hay pruebas legales y por ello liberó a 20 indígenas implicados, entonces ¿no será conveniente ir a las fuentes y cuestionar al ex presidente (Ernesto) Zedillo, a Emilio Chuayffet, ex secretario de Gobernación, y a Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas, para obtener declaraciones legales sobre lo ocurrido en Acteal? ¿O eso también es ilegal?, planteó.

El Congreso debe ordenar una investigación a fondo: Conorp

En tanto, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) pidió al Congreso de la Unión que ordene una investigación a fondo de lo ocurrido en Acteal y se destituya a los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenaron la libertad de los 20 indígenas paramilitares que participaron en la masacre en diciembre de 1997.

En el caso Acteal, asentaron, la “masacre de los indígenas que estaban orando en su iglesia fue preparada y ejecutada sin el menor escrúpulo humano (…); no podemos dejar pasar por alto esos hechos sangrientos, en los que se actúo con alevosía, premeditación y ventaja por criminales que fueron organizados y entrenados por el Ejército Mexicano con el aval de los gobiernos federal y de Chiapas”.

Conorp demandó que se castigue con todo el rigor de la ley a los autores intelectuales: Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; Emilio Chuayffet, ex secretario de Gobernación; Jorge Madrazo Cuéllar, ex procurador general de la República, y los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y a todos los funcionarios que resulten implicados en dicho caso.

Consideraron que deben anularse las órdenes de libertad a los 20 indígenas excarcelados, además de revisar profundamente el funcionamiento del sistema judicial del país y recorte los salarios y gastos, en un 60 por ciento, a los magistrados de la SCJN.