Hermosillo, Son., 23 de agosto. El saliente gobierno priísta de Eduardo Bours quiere garantizar a toda costa la supervivencia del Plan Sonora Proyecta, pero ya se anticipa que recibirá un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el entrante gobernador panista, Guillermo Padrés, delineó que al implicar la contratación de una deuda estratosférica no tiene su apoyo.

El plan se hizo público en junio de 2007 y consiste en realizar 140 obras de infraestructura en los 72 municipios; pero desde el principio lo cuestionaron los partidos de oposición por los intereses políticos y económicos que lo impulsan y la triplicación de la deuda pública que implica.

Se advirtió que los próximos cinco gobiernos de Sonora estarán comprometidos a realizar las obras proyectadas y se vio con suspicacia la intención de Bours de construir puentes, auditorios y distribuidores viales, ampliar calles y remodelar parques y edificios, por ser acciones que no atienden exigencias prioritarias de la gente ni serían detonantes de la economía.

Enrique Reina Lizárraga, dirigente del PAN estatal, y Petra Santos Ortiz –ex candidata del PRD a la gubernatura– exigieron transparencia y cuestionaron el beneficio que obtendrían familias ligadas a Bours. El gobierno del estado beneficia con miles de millones de pesos de infraestructura a cinco o seis personas, y eso no lo podemos tolerar, dijeron.

A su vez, Padrés Elías exigió oportunidades para todos los constructores de Sonora, mientras el municipio de Benito Juárez, ubicado al sur de la entidad, se opuso a recibir un gimnasio cuando requería un hospital.

El plan contemplaba restructurar la actual deuda con una emisión de bonos por más de 10 mil millones de pesos, cuyo remanente de más de 4 mil millones iría para las obras en los 72 municipios por medio de un fideicomiso. Fue aprobado en agosto de 2007 por los diputados locales del PRI, con apoyo de los perredistas Juan Manuel Sauceda y Reynaldo Millán Cota y el petista Mónico Castillo.

Pero en septiembre, los 13 diputados locales del PAN llevaron a la SCJN una controversia constitucional contra el plan.