e por sí escasos, los recursos que el erario destina a la educación superior registrarán un nuevo tijeretazo, porque no hay dinero. El recorte a las 128 instituciones públicas de educación superior afiliadas a la ANUIES (sólo uno por ciento, según el atinadísimo comentario de Alonso Lujambio) representa 800 millones de pesos menos para esas casas de estudio, y es una acción necesaria –versión calderonista–, pues las arcas nacionales están vacías y el shock de las finanzas gubernamentales es el peor en tres décadas.

Con esa primitiva visión, el inquilino de Los Pinos, junto a su muy eficiente equipo económico, tal vez el mejor, marca las prioridades gubernamentales, como si la educación pública fuera una mercancía más y no una inversión más que necesaria para el país. Que no hay dinero y, que por lo mismo, el tijeretazo se hace obligado, pues todos estamos llamados a trabajar juntos (otro acertado comentario del ex consejero del IFE, que hoy despacha en la SEP).

Pues bien, es necesario subrayar que los 800 millones de pesos que el gobierno calderonista ha tenido a bien recortar a las citadas instituciones de educación superior apenas representan 1.5 por ciento de los poco más de 50 mil millones de pesos que sólo en el segundo trimestre de este caótico 2009 el propio gobierno federal gastó por concepto de prestaciones a los servidores públicos (que no incluyen sueldos y compensaciones garantizadas), monto que anualizado supera 200 mil millones de pesos en un país en profunda crisis y con un gobierno que no tiene dinero.

Sin duda es cuestión de prioridades, y a todas luces las del calderonismo no son las del país. Así, por prestaciones a los servidores públicos el gobierno federal gastó algo así como 555 millones de pesos diarios a lo largo del segundo trimestre de 2009 (el de mayor desplome económico de las últimas ocho décadas), de tal suerte que el anunciado recorte a las instituciones públicas de educación superior equivale a un día y 11 horas de las erogaciones realizadas por el concepto referido, lo que da puntual referencia de que el tijeretazo fácilmente era evitable.

Ya que no hay dinero público, el gobierno calderonista rápidamente (algo inusual en él) podría cancelar los jugosos seguros de gastos médicos mayores que otorga a sus funcionarios de primer nivel (así les llaman) y el pago por servicios médicos para el mismo personal, con lo que no sólo ahorraría un gasto verdaderamente improcedente (algo así como mil 600 millones de pesos por los conceptos referidos), sino que, lejos de recurrir al recorte, podría darse el lujo de incrementar, en la misma proporción, los recursos nacionales destinados a la educación superior.

De igual forma podría ocurrir en la Cámara de Diputados, quien autoriza, modifica o desecha la propuesta presupuestal que año con año le envía el inquilino de Los Pinos. Y está justo a tiempo, porque recibirá el paquete 2010 a más tardar el próximo 8 de septiembre, y en la revisión correspondiente fácilmente los diputados (en el entendido de que todos estamos llamados a trabajar juntos (Lujambio dixit), en un republicano acto de austeridad, se cancelarían los cerca de 200 millones de pesos que en 2009 se gastarán en seguros, y los más de 360 millones en remuneraciones adicionales y especiales. Lo anterior, con copia al Senado de la República (317 millones sólo por seguro de gastos médicos).

Con el mismo espíritu republicano actuarían los consejeros electorales, los de la CNDH, los partidos políticos, los gobiernos estatales y municipales, los congresos locales, los integrantes del Poder Judicial y los que falten por mencionar, con el fin de hacer una limpia en las pantagruélicas facturas que le pasan a la nación por concepto de sueldos, prestaciones y demás gastos especiales que ni de lejos corresponden (olvídense ya de los resultados) a un país en profunda crisis.

Dice Lujambio que el ajuste (léase recorte) a las instituciones públicas de educación superior es francamente menor. ¡Qué bueno que lo piense así!, porque entonces bien podría hacer un esfuerzo para alcanzar un ajuste francamente mayor en la propia secretaría –la de Educación Pública– supuestamente a su cargo, la cual en el segundo trimestre de 2009 se engulló algo así como 3 mil 350 millones de pesos en prestaciones a servidores públicos (sólo en el sector central), de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda.

Más claro que el agua, el gobierno federal exige a otros lo que él no está dispuesto a hacer. El recorte presupuestal a las instituciones públicas de educación superior equivale a 9.5 por ciento de lo que la SEP se come en prestaciones. Para dar una idea, por concepto del Día del Maestro” el sector central de esa dependencia erogó 256 millones de pesos, monto equivalente a 32 por ciento del ajuste presupuestal a las citadas instituciones públicas de educación superior, y 28 por ciento mayor al recorte en la UNAM. Además, seis millones por el Día de la Madre, lo que hace suponer que hay mucho que celebrar por los primeros y muy por las segundas.

Y mientras las instituciones públicas de educación superior deberán arreglárselas con todavía menos recursos, el gobierno federal mantiene incólume su programa de subsidios fiscales para investigación y desarrollo tecnológico de la iniciativa privada (unos 4 mil 500 millones de pesos del erario para que empresas como Ford, Bachoco, Sabritas o Barcel, por sólo citar algunos casos, desarrollen sus inventos y registren para sí las patentes, sin beneficio alguno para la nación), dinero que obligadamente debe canalizarse a esas mismas instituciones públicas a las que hoy recortan sus respectivos presupuestos.

En fin, qué lástima que en el erario no hay dinero (versión oficial) y que la tijera caiga sobre las instituciones públicas de enseñanza superior. El rector Narro considera que con las prácticas gubernamentales descritas, pareciera que se ha perdido el interés por el futuro. Pero no es así. La lectura del puma mayor es incorrecta, porque para el gobierno panista el futuro se ubica es el siglo XVI.

Las rebanadas del pastel

De plano no aprende. Mezclar factores económicos con justificaciones médicas y/o sanitarias no es el fuerte de Agustín Carstens: estrepitosamente falló con su diagnóstico del catarrito, y ahora atribuye el desplome del PIB a la influenza. ¿Qué no fue él mismo quien predijo que el efecto de la emergencia sanitaria no sería mayor a 0.5 por ciento del PIB? Y el PIB se desplomó 10.3 por ciento. Hagan sus cuentas, mientras el Gobierno del Distrito Federal pisa la misma cáscara de plátano y juega con fuego al concesionar el agua potable a particulares.

cfvmexico_sa@hotmail.com y mexicosa@infinitum.com.mx