e norte a sur del país, la historia se repite: un empresario voraz, un pueblo desalojado con violencia, unas autoridades estatales cómplices, la amenaza permanente. Y también se repiten la indignación y la rabia, el hartazgo, la resistencia y la protesta de un pueblo que se niega a dejar de existir.

El pasado 13 de agosto el pueblo de Ebulá, en Campeche, fue arrasado por un grupo de unos 100 sicarios contratados por uno de los hombres más poderosos del estado: Eduardo Escalante, suegro de Juan Camilo Muriño, fallecido secretario de Gobernación. Desde entonces las más de 60 familias de origen maya que conforman el pueblo permanecen en plantón frente al palacio de gobierno estatal. Sus demandas: reubicación, reposición de los daños y castigo a los culpables de la violencia ejercida en su contra.

Agrupados en el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDTPE), los pobladores relatan lo sucedido: Las viviendas de la población fueron destruidas y quemadas, mientras hombres, mujeres y niños, tuvieron que huir al monte. Nada fue respetado, ni las propiedades, ni los animales de traspatio, ni siquiera los árboles.

Se trató de una acción delincuencial amparada en el poder económico de la familia Escalante. Llegaron los cuerpos parapoliciales con dos trascabos de la constructora del empresario y arrasaron casas y árboles de maderas preciosas, como caoba y cedro. Derrumbaron los árboles frutales (ciruela, nuez, zapote, limón), mataron a los animales de crianza, golpearon a los pobladores y ninguna autoridad hizo nada para impedirlo. Los agentes de la policía estatal preventiva sólo observaron la destrucción de los testigos mudos de un pueblo. Se trató de no dejar rastros de vida, como si 40 años de historia se pudieran borrar así nomás.

San Antonio Ebulá fue fundado en 1968 y durante 40 años sus tierras no han podido ser regularizadas por obstáculos impuestos por las autoridades estatales y federales, de acuerdo con un informe del Equipo Indignación, de promoción y defensa de los derechos humanos. En este tiempo los habitantes han enfrentado la ambición de distintos empresarios, y desde hace dos años Eduardo Escalante les ofreció reubicarlos en unas tierras del poblado actual. Quienes aceptaron la oferta se encontraron con lodazales que se inundaban en cada lluvia. Regresaron a su pueblo y desde entonces resisten las amenazas del empresario.

Las 60 familias de San Antonio Ebulá tienen una semana durmiendo a la intemperie. Son hombres, mujeres, niños y ancianos dispuestos a no rendirse. Reclaman más de 500 hectáreas de las que tienen posesión desde hace cuatro décadas. Arrasaron sus casas y pertenencias. Pero ellos siguen vivos.

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