En respuesta a la carta que le enviaron al presidente Felipe Calderón líderes de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos (FITIM), de United Steelworkers, de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) y del Nuevo Partido Democrático de Canadá, en la que le manifiestan su preocupación por violaciones a los derechos humanos y laborales de los mineros mexicanos, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, respondió en un desplegado en el que refuta tales señalamientos.

En la respuesta, firmada por el funcionario y publicada ayer 4 de agosto, señala que estos gremios no han ponderado la respuesta que ha dado el gobierno federal al conflicto minero y ante la petición que hacen las organizaciones internacionales de que se termine con la persecución política contra el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, Lozano responde que este líder sí tiene que regresar al país, “pero para seguir los procesos –penales– que se han iniciado en su contra”.

La guerra de desplegados continúa una constante disputa mediática que ha mantenido el secretario con diversos dirigentes del gremio minero por el conflicto en este sindicato. Y es que en el contexto de su visita a México, en días pasados, los líderes de la FITIM, Jyrki Raina; de la ICEM, Manfred Warde; el dirigente del Nuevo Partido Democrático, Jack Layton, y Leo Gerard, presidente de United Steelworkers, publicaron el 3 de agosto una misiva al mandatario mexicano.

En ella señalan que ha habido constantes esfuerzos de su gobierno y de Grupo México para reprimir al sindicato minero, lo cual no aceptó el secretario; le indican además que se han generado serios cuestionamientos acerca de las prácticas laborales en México y que están convencidos de que hay sistemáticas violaciones a los derechos humanos y laborales contra los mineros.

También le pidieron que se termine la persecución política y la campaña mediática contra Gómez Urrutia; se libere a Juan Linares Montúfar; se haga una investigación seria sobre la explosión de Pasta de Conchos, y se inicien negociaciones de buena fe para terminar con las huelgas. Además señalan que reportarán a sus gobiernos y las legislaturas de sus países esta situación y pedirán que se tomen medidas de inmediato, incluyendo restricciones en la ayuda, comercio e inversión, hasta que México demuestre que respetará los derechos sindicales.

A ello, la Secretaría del Trabajo, en su desplegado firmado por Lozano, respondió que rechaza rotundamente que se esté actuando en alianza con Grupo México en la violación sistemática de los derechos humanos y laborales. Indicó que Gómez Urrutia es perseguido por la justicia y no por el gobierno federal; que la solicitud de extradición tiene como finalidad que enfrente en tribunales los cargos que se le imputan, ya que legalmente es un prófugo de la justicia y por ende sus derechos civiles y políticos estarán suspendidos según dispone la Constitución.

En esta respuesta el secretario del Trabajo defiende que ha hecho incontables esfuerzos conciliatorios para acabar con las huelgas y que se ha topado con pared ante la exigencia del sindicato de condicionar el levantamiento de las mismas a la entrega de 100 millones de dólares, y dice a los dirigentes gremiales que están en libertad de informar a sus gobiernos y congresos sus particulares puntos de vista sobre el tema.