Como resultado del operativo policiaco sin precedentes que emprendieron el miércoles autoridades federales en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó durante todo el día de ayer, en calidad de testigos, a 30 funcionarios de la gerencia de servicios de seguridad física, sin que ninguno quedara detenido. Esta área es dirigida por el general retirado Miguel Estrada Martínez, quien acompañó a su personal durante la diligencia, realizada en la Fiscalía de Delitos Federales.

Además, los dos pisos –sexto y séptimo– del edificio anexo a la Torre de Pemex, ubicada en la colonia Anáhuac, donde opera esa gerencia, quedaron bajo custodia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), previo allanamiento de la Policía Federal (PF).

Según denuncias anónimas presentadas ante la PGR, existen evidencias de que la sustracción ilegal masiva de crudo de los oleoductos, que ocurre desde hace años, se efectúa con la complicidad de elementos de muy alto nivel que laboran en Pemex.

Por la tarde, voceros de la PGR postergaron una conferencia de prensa en la que informarían sobre las indagatorias por el robo –conocido como ordeña– de combustible en ductos de Pemex, principalmente en el área de la cuenca de Burgos que, según informaciones previas, representó para la paraestatal una pérdida de 9 mil 300 millones de pesos sólo en 2008.

La conferencia fue cancelada y no se proporcionó información en ninguna de las dependencias involucradas en el allanamiento.

Esta es la primera vez que la paraestatal, institución clave para la economía mexicana, es sujeta a una investigación policiaca de estas dimensiones.

Fuentes de la PGR indicaron que las investigaciones sobre la extracción ilegal de estos productos comenzó hace siete meses. Participan en este proceso la SFP, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el órgano interno de control de Pemex y la PGR.

El operativo comenzó el miércoles a las seis de la mañana. Elementos de la PF ingresaron a las instalaciones de la gerencia de servicios de seguridad física (GSSF) y decomisaron computadoras, archivos y teléfonos celulares de los servidores públicos de esa área, cuyos contenidos son revisados por auditores de la contraloría federal.

Los agentes federales que participaron en el operativo solicitaron al general de brigada retirado Miguel Estrada Martínez, titular de la GSSF, que no opusiera resistencia para que el personal compareciera ante el Ministerio Público de la Federación (MPF).

El pasado miércoles informó extraoficialmente a diversos medios de comunicación que más de 50 funcionarios de la GSSF habían sido retenidos para que rindieran declaración ministerial. Se dijo incluso que algunos podrían ser arraigados para que enfrentaran denuncias anónimas que los involucraban en actos de corrupción. Sin embargo, ayer el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, aclaró en varias entrevistas que sólo 30 servidores públicos comparecieron en calidad de testigos. Después de ser interrogados quedaron en libertad.

El general Estrada tiene bajo su dirección a unas 800 personas. Varios de sus colaboradores son militares retirados. Nájera precisó que el directivo no ha sido requerido para declarar y nunca fue detenido, como trascendió en algunos medios. Destacó que el miércoles acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales de la PGR sólo para acompañar a parte de su personal que sí compareció.

Indagación sin límite de tiempo

Según Nájera, la investigación continuará por tiempo indefinido, pues el propósito es determinar si hay funcionarios de Pemex implicados en el masivo robo de combustible contra la empresa. Aclaró que hasta el momento el agente del MPF no ha encontrado delito que perseguir y por eso ha permitido que los comparecientes que han declarado en calidad de testigos abandonen la fiscalía.

Fuentes gubernamentales cercanas a las pesquisas informaron que las investigaciones que autoridades federales realizan desde hace siete meses contra funcionarios de Pemex, por el robo de combustible a oleoductos de la paraestatal, se sustentan fundamentalmente en una serie de denuncias anónimas.

Los denunciantes han asegurado a la PGR que las operaciones ilegales de sustracción de condensados, que implica la extracción de petróleo crudo en varias zonas del país, las realizan grupos criminales que cuentan con el apoyo imprescindible de funcionarios de alto nivel de la paraestatal.

Una de las hipótesis de las investigaciones señala que estas organizaciones dedicadas a ordeñar ductos de Pemex –algunas ligadas al grupo de sicarios de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo–, utilizan falsas empresas de transportación de diesel que les sirven de fachada para ocultar el saqueo.

Estos grupos de mafiosos al parecer funcionan con la complicidad de funcionarios de la GSSF de Pemex, ya que esta área es responsable de resguardar el entorno de la seguridad de todas las instalaciones de la paraestal.