La inoperancia de las autoridades policiacas, en todos los órdenes de gobierno, y del Instituto Nacional de Migración para prevenir el secuestro de migrantes ha ocasionado que desde hace seis meses los grupos criminales operen directamente en los albergues destinados a ese sector, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

En conferencia de prensa, exigieron al titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, que cumpla con su función de proteger la vida e integridad de los encargados de las Casas del Migrante y de quienes acuden a esos centros, así como de los defensores de derechos humanos, ante un delito en el que participan incluso autoridades de los tres órdenes de gobierno del país.

El hostigamiento y las amenazas no son hechos circunstanciales, responden a un clima cada vez más grave de inseguridad y vulnerabilidad, denunciaron unas 12 organizaciones, y responsabilizaron al gobierno federal de cualquier agresión o daño irreparable que puedan cometerse contra los migrantes y los activistas que trabajan con ellos.

Reclamaron que las autoridades de los estados donde más se presentan secuestros en ese sector (Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila) apliquen medidas reales de lucha contra el hampa, dejando de lado la simulación, castigando y sancionando a todos los mandos que estén relacionados con el crimen organizado.

El nuevo modus operandi de grupos delictivos fue detectado hace año y medio, cuando migrantes empezaron a ubicar a los plagiarios infiltrados en los albergues, quienes operan en contubernio con polleros, autoridades policiacas y administrativas, así como cárteles de la droga, que al cometer sus delitos se han identificado como miembros de Los Zetas, detalló Pedro Pantoja, director de la Casa del Migrante de Saltillo.

Desde hace seis meses, dijo, su presencia ya es descarada en la red de Casas del Migrante del país. Hay inmuebles, como en Tierra Blanca, donde duermen juntos secuestradores y potenciales víctimas. O como en Palenque, Piedras Negras y Ciudad Acuña, donde los propios migrantes enganchan a sus compañeros con la promesa de cruzar la frontera y conseguirles trabajo en Estados Unidos, denunció el religioso, acompañado de representantes de Sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Pantoja señaló que la situación de inseguridad generalizada que se vive en las Casas del Migrante es insostenible. Afirmó que el pasado 11 de julio en Ixtepec, Oaxaca, un grupo de personas armadas penetró con violencia al albergue Hermano del Camino, amenazaron de muerte a un migrante y le exigieron trasladar a sus seis compañeros a una comunidad de Veracruz.

El pasado miércoles dos sujetos armados entraron en el mismo albergue; amenazaron y sacaron a un migrante, de quien ignoramos su paradero, agregó.

Las organizaciones consideraron fundamental que se realice una investigación exhaustiva en todas las instituciones, con la finalidad de que no quepa ni se permita la impunidad y que se actúe penalmente contra los delincuentes que secuestran, asesinan o mutilan a indocumentados, principalmente centroamericanos.

Hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que emprenda una auténtica reforma migratoria, orientada al respeto de los derechos humanos, y no por parámetros que obedezcan a intereses de políticas restrictivas.

Manifestaron que los delitos contra indocumentados obedecen al abandono y la invisibilidad en que los gobiernos de México y Centroamérica han mantenido la situación, así como a la ausencia de mecanismos adecuados en el acceso y la procuración de justicia, así como la reparación del daño para los afectados por secuestros.