El gobierno de México no niega que casos aislados de violaciones a los derechos humanos puedan ocurrir, pero estamos completamente comprometidos a investigarlos y procesar a los sospechosos, señaló ayer Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Estados Unidos en una carta enviada al diario The Washington Post.

Advirtió que hoy nadie puede afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado. Y puntualizó: el gobierno acepta totalmente la vigilancia de instituciones independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y trabaja bajo el escrutinio de los medios de comunicación y la sociedad civil.

En respuesta a un reportaje publicado el 9 de julio en la primera plana del rotativo estadunidense, titulado México, acusado de tortura en la guerra de las drogas, el diplomático aclaró que los agentes policiales de Tijuana a los que se hace referencia en el artículo fueron indiciados y sobre ellos pesa una orden de arresto, en total seguimiento de la Ley del Crimen Organizado y en respuesta a la amenaza que representan para la seguridad pública.

Agregó que cualquier denuncia sobre violación a las leyes en este y otros casos, incluyendo el reportado en Puerto Las Ollas (en Guerrero), será investigado bajo la base de una sólida evidencia.

El reportaje del periódico citado presentó testimonios de ciudadanos en ese puerto y de elementos policiales detenidos en Tijuana presuntamente torturados por elementos del Ejército, así como la información de 2 mil quejas y denuncias contra las fuerzas armadas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En la misiva, el diplomático indicó que la consolidación democrática de México ha transformado profundamente las instituciones públicas y legales y fortalecido los derechos humanos. Una sociedad civil activa ha presionado para que se adopten nuevas políticas y legislaciones que en el pasado habrían sido impensables.

Un día después de que la canciller mexicana Patricia Espinosa también rechazó la información del influyente diario, se dio a conocer la carta en la que Sarukhán precisó que todas las instituciones gubernamentales, entre ellas las fuerzas armadas, han demostrado su voluntad de cambio para cooperar con el sistema internacional de derechos humanos y cumplir totalmente con los compromisos internacionales de México.

Las secretarías de Defensa y Marina establecieron sus oficinas de derechos humanos y recientemente la representación de México ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Secretaría de Defensa acordaron un programa de trabajo conjunto, indicó.

El presidente Felipe Calderón, dijo, lanzó un cambio abismal para reformar el sistema de justicia penal con el propósito de terminar con la impunidad y fortalecer la capacidad del Estado para perseguir a la delincuencia. Sin embargo, todavía enfrentamos serios desafíos y la administración del jefe del Ejecutivo los eludirá.