Uno de los propósitos de Estados Unidos en la Iniciativa Mérida es que los recursos brindados a México para el combate al crimen organizado no salgan de su país y se reinviertan en empresas privadas de fabricación de armamento, equipo de guerra y capacitación, afirmaron organizaciones de derechos humanos.

Adrián Ramírez, presidente en la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señaló que la competencia entre 40 empresas estadunidenses por esos fondos es una acción de Washington para resolver parte de su crisis y fortalecer su economía de guerra.

Permiten que el gobierno de Estados Unidos financie sus crisis mediante los programas de combate al narcotráfico, las drogas y demás delincuencia organizada, lo que sólo trae para México una política de militarización. Al final lo relacionado al armamento representa parte del centro del problema y la génesis del mismo.

El activista resaltó que aquellas empresas que pugnarán por los recursos que el gobierno estadunidense otorgará a su par mexicano, son las mismas que favorecen y participan en la venta ilegal de las armas a las bandas de la delincuencia organizada.

Recordó que en su visita a México, el presidente estadunidense Barack Obama advirtió que el tráfico de armas no se iba a parar. En ese sentido, dijo que es necesario un pronunciamiento del Poder Legislativo y del propio Ejecutivo federal.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, indicó que la Iniciativa Mérida está planteada para comprar tecnología, aviones, helicópteros y otro productos que requieren el aval de Estados Unidos para ser adquiridos. Pero el gran punto es cómo y cuál es el uso real que se le dará a esa tecnología y si efectivamente dará los resultados que se esperan. Debe existir un monitoreo y evaluación externos sobre la ejecución de la iniciativa. Existe el riesgo de que sea una caja cerrada y negra donde sólo los gobiernos sepan lo que pasa y sean ellos los únicos que evalúen.

Añadió que debe quedar claro que los funcionarios y operadores de esa tecnología no la usen para vulnerar las garantías, además de que deben ser monitoreados ante el riesgo de que en un futuro se incorporen a las mafias.