Buenos Aires 18 de julio A 15 años del atentado contra la mutual judía Amia que dejó 85 muertos y decenas de heridos, familiares y amigos recordaron a las víctimas frente a la nueva sede reconstruida en el lugar, pero no se realizó el acto central como en aniversarios anteriores porque los dirigentes de las instituciones de esa comunidad evitaron hacer concentraciones por la epidemia de Gripe A que afecta al país.

Esto coincide con el hecho de que uno de los comisarios policiales de la capital, Jorge Palacios, ha sido acusado de desviar las investigaciones sobre el atentado en los años 90, fue nombrado jefe de la nueva policía metropolitana, por el intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri.

El nombramiento fue criticado por los familiares de las víctimas y organismos humanitarios quienes también se enteraron este sábado de que Claudio Lifschitz, -ex secretario del primer juez de la causa Amia, Juan José Galeano- resultó ileso de un ataque a tiros ocurrido esta mañana. El agresor circulaba en automóvil y disparó al ex secretario a través del parabrisas en Merlo, provincia de Buenos Aires. Lifchistz fue quien denunció las graves irregularidades en esta causa y ha sido amenazado varias veces.

Esa causa, además de todas las irregularidades que llevaron a cerrarla y a la destitución del juez Galeano está afectada por las presiones externas, para utilizar el caso Amia, por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, con lo cual se han forzado pruebas inexistentes.

Al acto de los familiares llegó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien sostuvo que que hay que trabajar hasta encontrar a los culpables del atentado que conmovió al país, después de uno anterior que destruyó la embajada de Israel en 1992.

Uno siente el tufo de la complicidad que siempre ha estado presente, dijo Fernández al señalar que “debía haberse encontrado en el momento oportuno y justo a aquellos que cometieron esta locura o los que fueron responsables directa o indirectamente, por mera colaboración o por cerrar los ojos".

En ese tiempo gobernaba el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), que junto a su hermano Munir y algunos hombres de su gabinete están en la mira de la justicia por esta causa plagada de mentiras, robo de expedientes y pruebas, que debió ser recomenzada. También está acusado el entonces dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), Rubén Berajas.

Se comprobó que Galeano había pagado 400 mil dólares a un delincuente que reduce automóviles robados, para acusar a un grupo de policías y a funcionarios iraníes. Lo grave de esto es que los abogados de la DAIA respaldaban al juez.

Fernández dijo hoy que con un nuevo dictamen de la Corte Suprema de Justicia que permite la reapertura de la causa hay una luz de esperanza y que "existen una cantidad de pruebas muy importantes que permitirán trabajar sobre la conexión local", aunque lamentó que se hayan perdido 15 años.

También se refirió a la designación de Palacios por parte de Macri a la que calificó de “incomprensible" y dijo que hay demasiados elementos que están sobre la mesa", en este caso. Palacios fue acusado por el fiscal de la causa, Alberto Nisman, de "incumplimiento de deberes de funcionario público" al considerar que existen "suficientes elementos para dictar su procesamiento" en el encubrimiento de parte de la conexión local.

En tanto, un decreto nuevo de Macri fue rechazado anoche por legisladores porteños y por diversos sectores sociales. El jefe de gobierno de la ciudad, que integra la Fundación Pensar aliada a otras que responden a la inteligencia estadounidense, envió un decreto “para indagar sobre la vida privada de los empleados con un Registro On Line de Empleadores, a través del cual se insta a las firmas privadas en la Ciudad a informar una serie de datos de los trabajadores, referidos al rango de instrucción, pero también preguntas sobre posibles problemas de tabaquismo, alcoholismo, drogas o adicción al juego, lo que representa “una vulneración de las garantías y los derechos individuales". Macri está formando una policía con ex participantes de la pasada dictadura y este decreto aparece como un acto de espionaje anticonstitucional