El secretario de Gobierno de Sinaloa, Rafael Oceguera Ramos, retó ayer a los afectados por la construcción de la Presa Picachos que fueron desalojados el lunes a presentar una demanda contra la administración estatal, pero les advirtió que estará listo para responder, porque en una república donde imperan las leyes, éstas son iguales para todos.

El funcionario, quien acudió en representación del gobernador Jesús Aguilar Padilla a un acto en Escuinapa, dijo que las policías Federal y Estatal Preventiva usaron la la fuerza para cumplir una resolución del juzgado octavo federal.

El funcionario ofreció instalar este jueves una mesa de negociación para atender las quejas por falta de pago de indemnizaciones, así como retrasos y otras irregularidades en la entrega de viviendas a los afectados. En la reunión participarán la Secretaría de Gobernación federal, el gobierno de Sinaloa, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Agraria y representantes de los afectados de los pueblos San Marcos, Puerta de San Marcos, Las Iguanas, Casas Viejas, El Placer y Los Copales.

Entre rechiflas al gobernador, Rafael Oceguera dijo lamentar que la gente que vive en esos pueblos se vaya a inundar, pero así es como se han construido otras presas.

Doce hospitalizados

La dirigente de los inconformes, María del Rosario Alapizco Páez, indicó que 12 personas, incluidos niños y mujeres, tuvieron que ser hospitalizadas tras la embestida policiaca. Llamó represor a Aguilar Padilla y lo acusó de romper su promesa de no cerrar el túnel de desvío del río Presidio.

Alapizco Páez explicó que el plantón en Picachos era para demandar viviendas dignas, con servicios públicos, e indemnizaciones justas.

Luego de dialogar con Oceguera Ramos, los desplazados regresaron a Mazatlán, donde mantienen un plantón y bloquean la avenida Camarón Sábalo, donde están las oficinas del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, que tomaron desde el lunes, después del desalojo.

Mientras, la secretaria de Seguridad Pública estatal, Josefina García Ruiz, compareció ayer ante el Congreso estatal para hablar sobre la iniciativa de reforma a la ley del ramo, y la diputada local perredista Graciela Domínguez le reclamó por el criminal desalojo de los comuneros.