Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron que el gobierno del presidente Felipe Calderón debe defender a Lucía Morett y rechazar su extradición a Ecuador, porque en ese país no hay garantías de que tendrá un juicio justo, ya que el gobierno de Colombia ejerce presión para encarcelar a la estudiante mexicana.

En tanto, se conoció que hasta el momento en México ningún juez de distrito ha emitido alguna orden de detención encaminada a iniciar un procedimiento de extradición a Colombia en contra de la universitaria Lucía Morett Álvarez, ya que hasta este martes la Procuraduría General de la República aún no había presentado la solicitud de captura correspondiente, revelaron fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal.

En ese contexto, jueces de procesos penales federales consultados ayer –los únicos con facultades en el país para iniciar procedimientos de extradición– explicaron a La Jornada que si se pide una orden de captura contra Morett por delitos graves equiparados en la legislación penal mexicana, como es el caso de actos de terrorismo, aun cuando ella tramite y obtenga una suspensión en vía de amparo podría ser encarcelada.

Si en ese supuesto (de una petición de orden de detención con fines de extradición por delitos de terrorismo) la señorita Morett recurre al juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado que pueda obtener sólo podrá ser para el efecto de que quede recluida en un centro penitenciario, pero a disposición del juez de amparo que le conceda la suspensión, pues así lo ordena la jurisprudencia. (Es decir), sí se le podría detener, indicó uno de los jueces entrevistados.

La semana pasada autoridades judiciales de Colombia libraron la medida cautelar contra la mexicana por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con terrorismo por su supuesta participación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Derivado de ese juicio el gobierno colombiano pidió a la Interpol emitir la llamada ficha roja, mediante la cual en más de 180 países, excepto en México (por el momento), podría ser detenida.

Por otro lado, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz y el diputado Juan Guerra, ambos del PRD, señalaron que el gobierno de Calderón se ha visto omiso en este caso, y refirieron, ya el presidente francés, Nicolas Sarkozy nos dio aquí una buena lección: vino a defender a una ciudadana francesa que está realmente involucrada en delitos del crimen organizado, en un secuestro.

Por su parte, la senadora del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, dijo que varias organizaciones estamos discutiendo cómo la vamos a defender, porque es ilegal lo que quieren hacer con ella. Todos los que la defendemos estamos convencidos de su inocencia, de quién es ella, de qué es lo que hacía, de todas las cosas buenas que ella hacía.

La senadora destacó que nos extraña mucho del gobierno mexicano que no habla del caso y, por el contrario, en el asunto de la ciudadana francesa Florence Cassez, instaló una mesa para revisar el caso y después Calderón dijo que no sería extraditada, pero en el juicio de Morett, sí quiere que se la lleven.