Diversas organizaciones no gubernamentales conformaron ayer la Comisión Internacional Proactiva de Litigios Mexicanos ante Instancias Internacionales, cuya finalidad es apuntalar diversas demandas de justicia presentadas en tribunales internacionales por casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la llamada guerra sucia en el país.

Los organismos civiles que la forman son la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la Fundación Diego Lucero, el organismo civil Hasta Encontrarlos, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limmedh) y familiares de varias personas desaparecidas entre las décadas de los 70 y los 80.

En conferencia de prensa, Raúl Álvarez Garín, ex líder estudiantil e integrante del Comité 68, informó que la primera acción que emprenderá dicha comisión será acudir el 7 de julio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de San José, Costa Rica, para pedir la acumulación de todos los casos de desapariciones forzadas ocurridos en México durante los sexenios presidenciales de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.

En el curso de las sesiones que se vienen celebrando en la CIDH, y en especial en la sesión del próximo 7 de julio, diversas organizaciones de familiares y afectados que hemos presentado demandas ante organismos internacionales por la denegación sistemática de justicia que padecemos en México, nos presentaremos en la ciudad de San José para ratificar nuestras denuncias, dinamizar los procesos en curso y demandar de la Corte la acumulación de todos los casos relacionados con las políticas criminales de represión perpetradas por el gobierno mexicano, destacó el ex líder estudiantil, quien fue víctima de represión en las postrimerías del sexenio presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, tras la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Asimismo, agregó que en este propósito de justicia nos ampara la racionalidad política y jurídica de las instancias internacionales encargadas de velar por los derechos humanos. En especial la reciente Evaluación Periódica Universal, realizada por el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de febrero a junio pasados en Ginebra, Suiza, donde se dejó constancia de la extendida y sistemática violación a las garantías fundamentales en México, y de la raquítica y anémica atención institucional para solventar positivamente estos asuntos.

Álvarez Garín destacó que “los órganos y poderes del Estado mexicano, que son los que conforman la contraparte de nuestras querellas, deben considerarse igualmente emplazados a dar respuesta puntual y genérica a nuestras demandas (…) La responsabilidad política y eventualmente penal del titular del Ejecutivo y de los funcionarios de la administración de Felipe Calderón se está configurando con las acciones y omisiones que explícitamente se han venido reclamando en relación con nuestros asuntos”.