A casi tres lustros de la aplicación de mecanismos de selección estandarizados, como el examen único de ingreso a la educación media superior, cientos de miles de jóvenes no tienen oportunidad para continuar una formación de calidad en instituciones públicas, afirmó Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador del Grupo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

En conferencia de prensa, demandó al Estado mexicano cumplir con la Constitución y garantizar que nadie con un certificado de secundaria quede fuera del sistema de bachillerato por no cumplir con un puntaje. Agregó que este fin de semana, poco más de 300 mil aspirantes a ingresar a la educación media superior en la zona metropolitana pagarán 265 pesos por un “examen patito” que no tiene ningún control de calidad.

También afirmó que la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), responsables del concurso de ingreso, en colaboración con el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), organismo privado encargado del diseño de la prueba y la evaluación de los resultados, no han dado ninguna respuesta a las demandas de miles de jóvenes para ingresar al bachillerato, pero en instituciones de calidad y no en aquellas donde se les da sólo formación técnica, que además no es del interés de muchos aspirantes.

Sin una verdadera política de Estado y una voluntad real de atender el crecimiento de la matrícula, pero bajo parámetros de calidad, año con año nos enfrentamos a un proceso de simulación en el que se desplaza a los más pobres, quienes finalmente son destinadas a las peores opciones educativas, les gusten o no, enfatizó.

De acuerdo con los datos preliminares, dados a conocer por Javier Olmedo Badía, vocero de la Comipems, en enero pasado se preveía una participación de cerca de 312 mil jóvenes, de los cuales sólo 260 mil podrían cumplir con todos los requisitos para inscribirse en una de las instituciones educativas que participan en el concurso, con un total de 676 opciones en 322 planteles.

En tanto, defensores de derechos humanos, asociaciones académicas internacionales y organizaciones estudiantiles metropolitanas señalaron en un comunicado de prensa que subrogar a un organismo privado el examen de ingreso genera constantes irregularidades y serias violaciones al derecho humano de la educación.

Indicaron que el Ceneval es una agencia privada que coacciona a los jóvenes a escuelas y tipos de estudios que no responden a sus intereses vocacionales, excluye de la educación pública a miles de ellos y lucra con la necesidad de las familias que buscan educación para sus hijos con el cobro de cuotas para aplicar el examen y guías de estudio.