Bogotá, 26 de junio. Una joven rompió el protocolo de un acto público del presidente colombiano Álvaro Uribe y le entregó un huevo, en lo que calificó como una protesta simbólica contra las intenciones del mandatario de perpetuarse en el poder, reseñaron este viernes varios medios de prensa.

La intención del presidente Uribe de buscar un tercer periodo mediante una cuestionada reforma avanza por una senda difícil, reviviendo dudas sobre la transparencia de los procesos electorales en Colombia, manchados recientemente por sobornos y la injerencia de los criminales.

A nombre del movimiento Tienen Huevo, le entrego presidente este premio porque usted tiene huevo (es cínico) y lo tiene merecido, dijo la joven que burló la seguridad y subió al escenario de un foro internacional sobre responsabilidad social, en imágenes difundidas por la televisión.

Enseguida la joven, abucheada por parte del público, explicó que se trataba de una protesta simbólica contra la intención de Uribe, quien tiene legalmente hasta noviembre para comunicar si decide ser candidato en la contienda presidencial de mayo de 2010 y buscar un tercer periodo consecutivo.

Como ser humano tengo que controlarme, déjenla hablar, indicó Uribe ante el auditorio y aprovechó el momento para hacer un balance de los logros de su administración. Al final el mandatario extendió su mano para dársela a la joven, quien lo rechazó.

La posibilidad de relección es cuestionada fuertemente por la oposición e incluso por sectores de empresarios que apoyan a Uribe, que advierten del riesgo que su prolongación en el poder tendría para la democracia colombiana.

Hace una semana el Congreso aplazó para después del 20 de julio la aprobación final de un referendo con la finalidad de cambiar la Constitución y permitir que Uribe, cuya popularidad ronda el 70 por ciento, continúe en el poder más allá de 2010.

La consulta fue avalada por las dos cámaras –controladas por una coalición oficialista de derecha– pero con diferencias en la pregunta para los electores, lo que obliga a conciliar un texto definitivo.

Mientras la Cámara de Representantes votó en favor de la relección a partir de 2014, el Senado aprobó que fuera inmediata para que Uribe pueda presentarse en mayo entrante.

La conciliación no pudo ser votada por recusaciones entre congresistas y una investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre 86 representantes a la Cámara, a quienes el partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) denunció por prevaricación. El tribunal dijo esta semana que analiza investigar a los senadores.

Según el PDA, el oficialismo aprobó el referendo sin que las autoridades electorales hubieran certificado la legalidad de la recolección de más de 4 millones de firmas con que fue presentada la iniciativa. Al respecto, la fiscalía investiga si para ello se usaron fondos de una empresa acusada de lavar dinero del narcotráfico.

El referendo tiene reparos. Las decisiones de la Corte Suprema hicieron que los congresistas tengan miedos insuperables, admitió el senador Armando Benedetti, quien señaló que sus pares temen perder la investidura si votan la conciliación.

A su vez, el senador y líder del PDA, Jaime Dussán, dijo que el temor aumenta por la actitud del Ejecutivo con otros legisladores, a quienes Uribe pidió apoyo antes de que los encarcelaran por nexos con paramilitares de ultraderecha, y luego los dejó solos.

La pesquisa abierta a comienzos de junio ahondó el choque entre el gobierno y la corte, que por esos días también condenó a dos congresistas sobornados para que aprobaran otra reforma que le permitió a Uribe ser relegido en 2006. Una tercera parlamentaria fue sentenciada hace un año.

El enfrentamiento se originó en la investigación de la corte a unos 90 congresistas –en su mayoría oficialistas– por vínculos con paramilitares. Una treintena de ellos están detenidos.

Además, la situación se complicó por revelaciones de que el servicio de inteligencia –adscrito a la presidencia– espiaba a los magistrados de la corte.

En ese contexto, el Ejecutivo multiplicó sus propuestas de estímulos a congresistas, tales como restablecerles la inmunidad y, según la prensa, contratar pólizas para su defensa ante la corte. Son propuestas para presionarlos a que voten, estimó Dussán, que además acusó al gobierno de ofrecer prebendas burocráticas.

Marco Romero, catedrático de la estatal Universidad Nacional, consideró que es muy probable que el referendo tenga luz verde en el Congreso, pero no en el control de legalidad ante la Corte Constitucional.

De ser aprobado, quedaría un ambiente de duda sobre la honestidad de estos procesos, como en la pasada reforma, advirtió.