Para lograr un sistema de justicia que permite los juicios orales en Chile, fue necesario el consenso político respecto a la necesidad de cambio en esta materia, dijo ayer la presidenta de ese país Michelle Bachelet.

Al participar en el Foro Nacional de Seguridad con Justicia, organizado por agrupaciones sociales, expuso que toda transformación genera resistencias, por lo cual es indispensable contar con acuerdos sociales y políticos sólidos tanto en las formas como en los objetivos.

En el caso chileno, explicó que el acuerdo significó concordar en que la reforma al sistema de justicia era esencial para dar respuesta a las transformaciones del país en el orden económico y político, y adecuar las instituciones a los estándares internacionales.

Bachelet refirió que en su país se pasó de un sistema procesal inquisitivo, escrito, secreto, formalista y centrado en los órganos persecutorios, en particular en el juez, hacia un sistema acusatorio, con juicios orales y donde se aplican los principios de transparencia, legalidad y oportunidad, es decir, a una estructura más acorde con la democracia y más eficiente.

Ante el empresario Alejandro Martí, especialistas y miembros de organizaciones sociales, se refirió a aspectos de la nueva estructura. Por ejemplo, manifestó que las sentencias condenatorias se incrementaron de 35 mil a 140 mil, mientras que la duración de los procesos en promedio es de 100 días, y para delitos graves, como el homicidio, de 340 días, contra tres o cuatro años que duraban antes, con el agravante de que el imputado podía estar sujeto a detención preventiva durante todo ese tiempo.