Municipio autónomo Comandanta Ramona, 24 de junio. A pesar de que el gobierno del estado proclamó en abril haber detenido a la banda de asaltantes que asolaba el trayecto entre Agua Azul y Agua Clara, en la carretera Ocosingo-Palenque, La Jornada recabó hoy testimonios de que los atracos continúan, precisamente en el tramo de Betel Yochip, donde la junta de buen gobierno zapatista de Morelia identificó a los verdaderos delincuentes, sin que las autoridades judiciales hayan intentado investigarlos o detenerlos.

Ocho indígenas fueron aprehendidos entre el 13 y el 18 de abril, acusados de los robos. Siete de ellos, ejidatarios de San Sebastián Bachajón y adherentes de la otra campaña, y uno base de apoyo del EZLN de la región San José de este municipio autónomo.

Los asaltantes identificados por la JBG, residentes de Agua Clara y Betel Yochip, son Miguel Hernández Moreno, Jacinto Hernández Moreno, Manuel Pérez Gómez, Pedro Gómez Cruz, Manuel Hernández Moreno, Sebastián Gómez Cruz y Sebastián Pérez Cruz (La Jornada, 9 de mayo).

Aunque el gobernador Juan Sabines se comprometió a investigar la denuncia zapatista, los verdaderos delincuentes siguen operando.

Detención de indígenas, la constante

Este martes, al denunciar la manipulación informativa del gobierno estatal en este tema, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) resumía que el estado pretende en esta región el despojo de los territorios y el proyecto de vida de los pueblos indígenas, que organizadamente defienden y construyen otra manera de relación en su entorno. Esto se evidenció tras el operativo policiaco de abril, que destruyó la caseta de ingreso a las cascadas de Agua Azul, las cuales han mantenido ejidatarios de San Sebastián hace años, resistiendo el hostigamiento de agentes no estatales ligados al gobierno.

La Policía Estatal Preventiva mantiene un campamento en el lugar de la caseta destruida, y la caseta de cobro del balneario es operada por empleados del gobierno. Los boletos llevan el sello de la Secretaría de Hacienda del estado, una grave violación, según el CDHFBC, ya que los ejidatarios adherentes a la otra campaña mantenían la caseta dentro de su ejido como reivindicación a su derecho a la libre determinación, conforme el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los acuerdos de San Andrés.

El CDHFBC consideró que Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, uno de los detenidos en abril, fue liberado en mayo como golpe mediático del gobierno, en su intento por bajar la tensión y denuncia pública exigiendo la libertad de los tzeltales detenidos. Dicho intento demuestra negligencia y dolo, ya que Miguel estaba acusado de los mismos delitos que los demás indígenas, que siguen presos injustamente pese a haber sufrido las mismas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos, con tortura y tratos degradantes.

El accionar impune de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia “se ha convertido en el modus operandi, en la detención de indígenas de la región, sin órdenes de aprehensión (invocando ‘flagrancia’); torturados para autoinculparse, sin intérprete ni abogado que conozca de su cultura e idioma, como exige el artículo segundo constitucional”. Son privados de su libertad, procesados o sentenciados por delincuencia organizada y robo con violencia.

El gobierno del estado esconde su verdadera intención: el control y explotación territorial de la región de Agua Azul por medio de la represión contra los pueblos que históricamente la han poseído. Su objetivo es operar los proyectos de inversión que su gabinete y el grupo de Roberto Albores Guillén han gestionado con el gobierno federal para administrar sitios arqueológicos y turísticos en territorio indígena.

La indigna procuración de justicia en Chiapas, sostuvo el CDHFBC, supedita normas constitucionales y convenios internacionales a los intereses económicos de un grupo.