El gobierno federal rechazó las declaraciones emitidas ayer por el mandatario de Sonora, Eduardo Bours, acerca del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, a causa del cual murieron 47 niños, y le exigió regresar a un diálogo respetuoso que nos ponga por encima de la tragedia y no nos someta a actitudes y conductas políticas que sólo empobrecen el respeto que los políticos debemos a los ciudadanos.

Anoche, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que no es momento de estar tapando hechos ni estarse aventando la bolita. Subrayó que desde el primer momento quedó claro que el fuego del pasado 5 de junio inició en la bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y de ahí se extendió a la estancia infantil.

Subrayó que en esas instalaciones faltaron medidas de cuidado que, de haberse tomado, hubieran podido evitar la tragedia. De esto hablamos, dijo el funcionario pasadas las 23 horas en un noticiario televisivo.

La participación de Gómez Mont se dio después que durante el día Bours acusó que la demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contra su gobierno se debió a órdenes giradas desde la Presidencia de la República, y exigió que también se inicien acciones legales contra los funcionarios federales involucrados en la autorización del contrato de subrogación a la guardería ABC.

Gómez Mont puntualizó que desde siempre la Federación ha reconocido la posible participación de funcionarios federales en las omisiones que pudieran haber evitado esta tragedia y ha actuado en consecuencia, pero ha solicitado al gobierno estatal que haga lo mismo.

Rechazó que los funcionarios federales, como el director del IMSS, Daniel Karam, necesiten instrucciones de Presidencia para cumplir con su deber. Las demandas iniciadas contra servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal de Sonora resultan conducentes a partir del esclarecimiento de los hechos, sin menoscabo de fijar las propias responsabilidades de dichos funcionarios mediante los procedimientos legales federales.

Gómez Mont puntualizó que una vez que se defina la competencia federal para juzgar a los particulares, dueños de la guardería, la Procuraduría General de la República procederá y delimitará las responsabilidades que resulten. Agregó que el dolor de las víctimas sólo podrá ser aliviado con justicia y verdad.