El gobierno de Francia manifestó ayer su decepción ante el anuncio de la administración calderonista de rechazar el traslado de la ciudadana francesa Florence Cassez a su país, para que ahí cumpla su condena por secuestro.

Un día después de que el propio mandatario mexicano, Felipe Calderón, informara sobre el caso, Cassez dijo por su lado estar aniquilada. Sesenta años presa en México, para mí equivale a la muerte.

Agregó que se tuvo confianza en el presidente Calderón, quien el pasado 8 de marzo dijo estar de acuerdo con una repatriación. Pero me siento traicionada, señaló a periodistas de su país en una conferencia de prensa telefónica organizada en Lille por su abogado Frank Berton.

Antes de cortar bruscamente la comunicación, Cassez reiteró que es inocente y que lo ocurrido es más que una injusticia; es inadmisible, asqueroso. No puedo más, enfatizó.

Mientras el portavoz del gobierno francés, Luc Chatel, aseguró que se utilizarán todos los procedimientos internacionales para la repatriación de Florence, el abogado Berton consideró que la ciudadana francesa se ha convertido en un rehén político y que el presidente Calderón se sirve de ella como argumento de su campaña electoral, para mostrar que lucha contra la delincuencia, a dos semanas de las elecciones del 5 de julio.

Por la mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia denunció que la parte mexicana decidió de manera unilateral concluir los trabajos del grupo binacional de expertos –creado para analizar la eventual transferencia–, y proponer a Calderón que rechace el traslado.

Recordó que la citada comisión se reunió el 10 y 25 de marzo, así como el 8 de junio, y que durante las sesiones de trabajo fue apareciendo de manera progresiva que el punto principal para el lado mexicano era la duración de la pena que debía cumplir Cassez en Francia, quien fue condenada a 60 años de prisión en México, mientras que la sanción máxima prevista por la legislación francesa es de 30 años.

Florence CassezFoto Alfredo Domínguez/Archivo

Sobre este asunto puntualizó que la asimetría de las penas era conocida por la parte mexicana antes, incluso, del inicio de los trabajos del grupo de especialistas, y que México no formuló ninguna reserva en cuanto a la adaptación de las sanciones cuando decidió su adhesión a la Convención de Estrasburgo.

En un comunicado de prensa dio a conocer su profunda decepción por la decisión de México de terminar los trabajos del grupo sin que un informe conjunto, solicitado por los presidentes de ambos países, haya podido establecerse. Ante esto, informó que las autoridades francesas transmitieron a sus contrapartes mexicanas un informe en el que se hace un balance de los trabajos de la citada comisión.

Este documento proponía a México una mediación, tal como está previsto en el artículo 23 de la Convención de Estrasburgo, pero dicho planteamiento también fue rechazado, situación que el gobierno de Francia lamentó.

Florence Cassez, de 34 años de edad, fue condenada a 60 años de cárcel por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas para uso exclusivo del Ejército. En marzo pasado, el presidente Nicolas Sarkozy, de visita en México, pidió que su compatriota fuera trasladada a su país para que ahí cumpliera la sanción. Con el fin de analizar el tema se creó el grupo binacional de expertos.