León, Gto., 23 de junio. Integrantes de seis organizaciones de mujeres acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) para recriminar al ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, su decisión de legitimar la ley antiaborto, que cierra la posibilidad de que el estado interrumpa embarazos en caso de violación, luego de haber determinado no promover una controversia constitucional contra la reforma que considera persona un óvulo fecundado.

Para organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, Las Libres, Plamac, Casa del Bosque, Redib, Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, la AMDH y Católicas por el Derechos a Decidir, el ombudsman sirve a los intereses del gobierno de esa entidad.

La directora del Centro las Libres, Verónica Cruz Sánchez, hizo un llamado para que las mujeres de Guanajuato realicen un juicio social a Rodríguez Junquera por subordinarse a los intereses del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto tiene un aspecto político. La procuraduría defiende su relación con el gobierno; no acaban de entender que no son el gobierno, son parte del Estado y deben darantizar los derechos de las mujeres, consideró Julián Cruz Alta Aguirre, asesor jurídico de Católicas por el Derecho a Decidir.

Por su parte, Rodríguez Junquera, titular de la PDHG, señaló ser respetuoso del punto de vista de las organizaciones civiles y afirmó que la decisión de no presentar la controversia constitucional se hizo con base en un estudio minucioso que determinó que la reforma al artículo primero de la Constitución local no es contraria a la Constitución federal. El funcionario añadió que no hay intereses partidistas o políticos en dicha determinación.

El 26 de mayo fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la modificación al artículo primero de la Constitución de Guanajuato, que define como persona a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.

Para las activistas, esta nueva legislación es anticonstitucional porque se contrapone al artículo cuarto de la Carta Magna, el cual garantiza a las mujeres el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.