Dar es Salam, 22 de junio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) condenó este lunes a 30 años de cárcel al ex director de gabinete del Ministerio del Interior de Ruanda, Callixte Kalimanzira, al hallarlo culpable de genocidio y de incitación al genocidio de tutsis durante la matanza ocurrida en abril de 1994 en la zona de Butare.

Desde su detención en 2005, a Kalimanzira –ingeniero agrónomo de 54 años oriundo de Butare, sur de Ruanda– se le acusó de guardar relación directa con la matanza de miles de tutsis y de haber golpeado a algunos de ellos.

Si bien no se demostró que hubiera cometido algún asesinato, al ex funcionario se le acusó de alentar y supervisar las matanzas de miles de civiles de la etnia tutsi mediante falsas promesas de otorgarles comida, refugio y protegerlos de las milicias hutus.

En lugar de ello, los animó a reunirse en la colina de Kabuye, en el municipio de Ndora, aun cuando sabía que iban a ser asesinados en masa, afirmó el presidente de la corte, Dennis Byron.

El ex funcionario ruandés también fue acusado de pedir refuerzos policiales y militares para los asesinatos, añadió el juez del TPIR, con sede en Tanzania. La matanza de Kabiye, que duró varios días, fue una enorme tragedia humana, y Kalimanzira actuaba movido por la intención de destruir total o parcialmente a la etnia tutsi como tal, agregó el magistrado.

El fiscal general había solicitado la condena a cadena perpetua, mientras los abogados de Kalimanzira, que en todo momento se declaró inocente, pedían la absolución de su cliente.

El TPIR fue creado en noviembre de 1994 por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con mandato de buscar y juzgar a los principales responsables del genocidio de Ruanda, que dejó unas 800 mil personas muertas, entre tutsis y hutus moderados, según datos de la ONU.

Con la de Kalimanzira, son 38 las sentencias dictadas, seis de ellas absolutorias. El tribunal tenía hasta final de año para completar todos los juicios y hasta 2010 para escuchar todas las apelaciones, antes de que se disuelva.

Sin embargo, los casos se han desbordado y el TPIR solicitó una prórroga, pero asegura que trabaja duro para terminar las audiencias de evidencias lo más pronto posible.