La Secretaría de Economía aseguró a la Cámara de Diputados que el gobierno federal no puede establecer una política para evitar el aumento de los precios de los productos de consumo general y popular, porque ello limitaría las posibilidades de incrementar la oferta a corto plazo y desestimularía la inversión.

En un documento enviado a la Cámara, en respuesta a un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Felipe Calderón contener los aumentos en bienes de consumo que han afectado la economía familiar, la dependencia aseguró que el Ejecutivo sólo podía acotar los precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado.

El punto de acuerdo fue aprobado por el pleno de la Cámara en su sesión del 18 de marzo y tres meses después llegó la respuesta de la Secretaría de Economía. En un oficio de dos páginas, la dependencia aseguró que se tomaron algunas acciones para atender la situación crítica a corto plazo, principalmente de protección hacia los consumidores, como exentar de arancel las importaciones de maíz, trigo, arroz y sorgo, y bajar el de la leche en polvo de 125.1 por ciento a 63 por ciento.

Sin embargo, el punto de acuerdo de la Comisión de Economía votado en marzo pasado definió que si bien el control de precios, aun de los productos básicos de consumo generalizado, depende de una serie de elementos técnico económicos, el gobierno federal tiene la obligación de velar por las familias.

La dependencia aseguró que sólo tomó medidas para reducir los precios de las importaciones de grano, canalizó créditos preferenciales a pequeños productores agrícolas para comprar fertilizantes, se destinaron 20 mil millones de pesos para la compra de maquinaria y equipo, y dijo que se fortalecerán los programas como el Procampo, el Progan y Alianza para el Campo.

Se trata, afirmó, de acciones de incidencia a mediano y largo plazos para incrementar la oferta nacional y la disponibilidad de los bienes de consumo básico a precios competitivos, políticas que se consideran adecuadas, ya que incentivan la oferta de bienes de consumo generalizado.

Sin IETU habría más empleos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados anunció ayer, en voz del diputado Samuel Aguilar Solís, que impulsará una reforma legal para suspender la aplicación del impuesto empresarial de tasa única (IETU), luego de que no se han cumplido las expectativas de recaudación que se tenían para este gravamen, y que representa, aseguró, apena 4 por ciento de los ingresos tributarios del gobierno federal.

En contraste, diputados del PAN y del PRD consideraron que se trata de una propuesta que tiene como fin atraer votos, pues el tricolor votó a favor de la imposición de ese impuesto.

Aguilar, de la Comisión de Hacienda, consideró que eliminar ese gravamen permitiría crear más empleos, al quitarle una carga a las empresas, y al mismo tiempo no constituiría un problema de recaudación para la Secretaría de Hacienda, ya que no ha contribuido, como se esperaba, a incrementar los recursos federales.

El legislador priísta destacó que la LXI Legislatura, que empieza en septiembre, podría aprobar la eliminación del IETU y acordar la aplicación de medidas alternativas para incrementar los ingresos fiscales.