Alrededor de las 2 de la tarde, con las cabezas agachadas, las manos a la espalda –atadas con cintas plásticas– y vistiendo playeras de color amarillo, siete de los 10 alcaldes y 20 ex funcionarios de Michoacán acusados de delitos contra la salud y delincuencia organizada –por presuntos vínculos con el cártel de La Familia– fueron llevados del Centro Nacional de Arraigo a la prisión federal de Tepic, Nayarit, la cual cuenta con un módulo de máxima seguridad.

Durante horas, familiares esperaron el traslado, porque fue el instante en que pudieron gritar a sus parientes cosas como: ¡Papá, eres inocente! ¡Eres inocente!, como ocurrió en el caso del ex procurador Miguel García Hurtado, cuya hija, Magaly García, trató en vano de verlo por la ventanilla del autobús de color morado, que en el sitio donde anuncia su destino decía Tecolote.

La espera fue larga; muchos llegaron a la ciudad de México durante la madrugada y en vano hicieron el trámite para visitar a sus familiares en el interior de lo que antes fue un hotel de paso, llamado Central Park, y hoy es como una prisión temporal donde los investigados por la Procuraduría General de la República pueden permanecer hasta 80 días.

A las 10 de la mañana, algunos parientes de alcaldes o ex funcionarios michoacanos fueron notificados de que no visitarían a sus padres, hermanos o hijos. Minutos antes había empezado el despliegue de policías federales sobre la calle de Doctor Morones Prieto, en su tramo de Doctor Barragán hasta casi Doctor Vértiz, en la colonia Doctores.

Aproximadamente 200 agentes federales –entre ellos unas 100 mujeres–, abordo de camionetas y a pie, dotados de armas largas, con equipo antimotines, todos con pasamontañas, rodearon el centro de arraigo y frente al acceso que da sobre la calle Doctor Morones Prieto formaron una valla de tres filas de uniformados, con escudos y cascos. La primera era de hombres, las otras dos de mujeres.

No había más de 50 familiares. Al principio todos estaban juntos en un acceso lateral del centro de arraigo, que en ningún momento dejó de estar también custodiado en sus esquinas por efectivos de la Secretaría de Marina, fuertemente armados.

Para las 11 de la mañana había corrido el rumor de que ya era el momento del traslado. Los policías compactaron sus filas, los reporteros tomaron sus posiciones detrás de ellos, y detrás de éstos, los familiares buscaron lugares desde los cuales poder observar y gritar alguna palabra de aliento o cariño a los que serían llevados a Tepic.

El tiempo pasó, y fue hasta instantes antes de las 2 de la tarde que algunos oficiales de alto rango de la Policía Federal dieron órdenes y acomodaron nuevamente las filas de policías, mandaron que se echara a andar el autobús y su puerta quedara más cerca del acceso al centro de arraigo.

Al paso de los 27 detenidos, sus familiares comenzaron a gritar y a empujar tratando de tocarlos, pero los policías los contuvieron sin que presentaran mucha resistencia. Sin embargo, una vez que terminaron de subir al autobús, mientras éste daba vuelta para enfilar en sentido contrario hacia el Eje Central, un grupo se acercó a la unidad... gritaban. Sólo Magaly García, hija del ex procurador, golpeaba con una mano la carrocería, pidiendo a su padre que se asomara, y en seguida le decía que es inocente.

Otros se conformaron con decirles ¡Estamos contigo; todo va a estar bien! Rompían en llanto y se fundían en un abrazo con otros parientes. Por un instante, los policías rompieron filas tratando de proteger el avance de la unidad, como si en algún instante se hubiera corrido el riesgo de un rescate.

Al final, el autobús enfiló hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de donde partió un avión de la Policía Federal hacia Tepic, con los 27 detenidos.

En los próximos días, un juez federal definirá la situación jurídica de los siete alcaldes consignados (cuatro priístas, dos panistas y un perredista), así como de los 20 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán que, según la PGR, utilizando sus cargos protegieron las operaciones de La Familia.