Rectores de universidades públicas del país afirmaron que será muy difícil realizar ahorros en los recursos presupuestales que reciben de la federación, como solicitaron las secretarías de Educación Pública y Hacienda, pues aseguraron que desde enero pasado iniciaron acciones de austeridad y serán muy pocas, si es que las hay, aquellas instituciones que puedan recortar algo más en servicios y gastos de operación.

Reunidos en el noveno Congreso internacional retos y expectativas de la universidad,  afirmaron que desde el gobierno federal debe haber un compromiso claro con el financiamiento a la educación superior, pues destacaron que en promedio 85 por ciento de los fondos públicos se destinan al pago de salarios de docentes, investigadores y personal administrativo.

En tanto, especialistas en el tema de la educación advirtieron que el exhorto de la SEP y de Hacienda para que las universidades públicas recorten su presupuesto de forma voluntaria pretende de manera implícita la contención de sueldos y plazas y la reducción de sus quehaceres, acciones que conducen hacia crisis institucionales.

José Enrique Villa Rivera, director general del Instituto Politécnico Nacional, afirmó que estamos valorando la distribución de nuestros recursos durante estos primeros seis meses, cuáles son nuestros proyectos para saber si voluntariamente podemos aportar recursos a la federación. Lo vemos difícil, pues ya enfrentamos un presupuesto deficitario para cobertura y construcción de nuevos espacios.

Al respecto, los titulares de las universidades autónomas de Nuevo León, Coahuila y Baja California, insistieron en que el país debe tener prioridades, y una de ellas es la educación, por lo que no deben verse mermados sus recursos, y consideraron que es inaceptable cualquier reducción a sus fondos públicos.

Mario Alberto Ochoa Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, agregó que la estrategia promovida por el gobierno federal para enfrentar la crisis es no querer reconocer que existe un problema, porque hoy en día, hay instituciones públicas de educación superior que no tienen para pagar la nómina de la próxima quincena, y cómo pedirle a una casa de estudios en esas condiciones que haga ahorros. Todos hemos hecho sacrificios en gastos, por lo que estas propuestas pueden escucharse bien en el discurso, pero la realidad es otra.

En entrevista por separado, José Antonio González Treviño y Gabriel Estrella Valenzuela, titulares de las universidades autónomas de Nuevo León y Baja California, respectivamente, señalaron que al destinar 85 por ciento de los recursos públicos al pago de nómina de docentes y trabajadores, es muy difícil que se puedan hacer grandes ahorros en otros rubros, sin detener el proceso para mejorar la cobertura, la calidad y la equidad en nuestras instituciones.

González Treviño agregó que, en el caso de la UANL, siempre terminamos el año con un déficit presupuestal que nos obliga a buscar recursos extraordinarios. Además, es muy difícil realizar más ahorros cuando tenemos una demanda de matrícula creciente a la que debemos garantizar programas educativas de calidad.

Por su lado, el profesor-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), César Navarro, manifestó que lo primero que tendría que hacer la SEP es recortar el dispendio en los miles de aviadores y de funcionarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, Hugo Casanova, indicó que el planteamiento gubernamental se inscribe en una política de contención del gasto en el rubro social.