La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a siete alcaldes y 20 servidores públicos de Michoacán, y los puso a disposición de un juzgado de distrito con sede en Tepic, Nayarit, al considerar que existen pruebas de que “mantenían vínculos con la organización delictiva autodenominada La Familia”, y protegían y filtraban información que favorecía al desarrollo de las actividades de ese grupo criminal, señaló en conferencia de prensa el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora.

Entre los 27 consignados –que serán enviados al penal federal de Nayarit– están cuatro alcaldes priístas, dos panistas y un perredista, así como el ex procurador de Justicia Miguel García Hurtado; Citalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy; Mario Bautista Ramírez, ex jefe de seguridad que se desempeñaba como director del Instituto Estatal de Formación Policial; el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial estatal, y el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de Justicia, Jaime Liera Álvarez.

Medina Mora señaló que se mantendrá bajo arraigo (están detenidos desde el pasado 29 de mayo) a los alcaldes priístas Audel Méndez Chávez (Coahuayana) y José Cortez Ramos (Aquila), y al perredista Osvaldo Esquivel Lucatero (Buenavista), a efecto de agotar las investigaciones que permitan resolver sobre su situación jurídica.

En la conferencia, Medina Mora indicó que se solicitó la orden de aprehensión contra las 27 personas por su probable responsabilidad penal en la comisión de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud, agravado por su calidad de servidores públicos, así como en la modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar su comisión.

Indicó que las investigaciones realizadas “por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, permitieron determinar que las 27 personas referidas, ahora inculpadas, aprovechando su calidad de servidores públicos y abusando de su función, realizaban acciones que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico del cártel de La Familia”.

Cabe recordar que el pasado 26 de mayo, en operativo realizado por militares y agentes federales, fueron detenidas 28 personas: 10 alcaldes y 18 servidores públicos. Un día después comparecieron en forma voluntaria otros dos funcionarios y también fueron detenidos.

El 29 de mayo, el juez sexto federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, concedió un arraigo por 40 días contra los 30 servidores públicos.

Este miércoles, un juzgado federal con sede en Nayarit libró las órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR, por considerar que se reúnen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, afirmó Medina Mora.

Los alcaldes priístas consignados son: Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío, y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro.

Los otros alcaldes contra quienes se ejercitó acción penal son: los panistas Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo, así como el perredista Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán.

Otros detenidos y consignados son Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal; Victorino Jaboco Pérez, director de Seguridad Pública de Arteaga; las jefas de grupo de la Policía Ministerial de Morelia, Gabriela Mata Chávez e Irlanda Sánchez Román; el jefe de grupo de la Policía Ministerial en Lázaro Cárdenas, Alfredo Ramírez García; así como los policías de ese ayuntamiento Antonio Sánchez Gaytán y Baldomero Morales Rivera.