a Oficina de Contraloría Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que depende del Legislativo de ese país, criticó ayer en duros términos la inacción del gobierno de Washington en materia del tráfico de armas hacia México, Centro y Sudamérica.
La omisión es, en efecto, escandalosa por cuanto el creciente poderío de la delincuencia organizada de nuestro país, que tanto preocupa al vecino, no podría explicarse sin el masivo flujo de armamento procedente del otro lado del río Bravo. Además, por mucho que se empeñen esfuerzos militares y policiales en el combate al narcotráfico y se organicen encuentros nacionales, bilaterales e internacionales para dilucidar el asunto, los gobiernos no podrán realizar avances sustanciales en este frente en tanto no se emprendan medidas concretas y eficaces contra el lavado de dinero, contra el trasiego de armamento y contra la corrupción en los distintos niveles gubernamentales, factores que explican en buena medida la capacidad de sobrevivencia y expansión de los cárteles y su intocada capacidad económica y bélica.
Ha de señalarse, sin embargo, que la responsabilidad principal por la persistencia del tráfico de armas estadunidenses a México corresponde a la administración de George W. Bush, la cual no hizo prácticamente nada por detener ese trasiego desde octubre de 2007, cuando firmó la Iniciativa Mérida con el gobierno de Felipe Calderón, hasta que entregó la presidencia a Barack Obama, en enero de este año. También cabe reprochar a las autoridades mexicanas haber signado ese acuerdo pese a que en él no se estipula nada concreto contra el abastecimiento de armamentos del país vecino a los grupos criminales del nuestro.
En contraste, la presidencia que encabeza Barack Obama incluyó en su estrategia para enfrentar la violencia y el poder de la delincuencia mexicana un apartado sobre el tema, el cual, sin embargo, fue considerado insuficiente
por la GAO, ya que no especifica responsabilidades y funciones para las dependencias gubernamentales que deben enfrentar el problema: la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y la de Inmigración y Aduanas (ICE), sin contar con que no se incluye a la DEA, que es la que tendría que tener el material de inteligencia sobre los cárteles y sus fuentes de abastecimiento de armas y municiones.
Más allá de la descoordinación, la buena voluntad que el gobierno de Obama empeñe en este asunto se verá obstaculizada por los intereses corporativos de la poderosísima industria de armamentos de su país, para la cual la delincuencia mexicana constituye un importante mercado de armas ligeras. Sería iluso suponer que ese sector empresarial va a aceptar sin resistencias un programa viable de combate al tráfico de armas de fuego; cabe esperar, por el contrario, que empeñe toda su capacidad para obstaculizar, tanto en el Congreso como en las instancias del Ejecutivo, una estrategia en este sentido.
En lo inmediato, los señalamientos de la GAO parecen ser indicativos, al menos, de un nuevo entorno de transparencia y de crítica en Washington, y eso ya es esperanzador. Pero la confrontación política central en torno al trasiego de armas aún no ha tenido lugar y no hay motivo, por ello, para echar las campanas al vuelo.
