Chihuahua, Chih., 18 de junio. La renovación de la gubernatura de Chihuahua –prevista para julio del 2010– se adelantó y ha desatado una guerra, primero dentro de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y luego entre ellos, que a diario intercambian acusaciones de nexos con la delincuencia organizada, desvío de recursos públicos y uso de cargos públicos para favorecer a familiares y amigos.

Los nueve distritos electorales federales que se disputan en Chihuahua podrían distribuirse sólo entre ambos partidos, como ahora. En la elección de 2006 el PAN obtuvo cinco diputaciones y el PRI, cuatro.

Desde ahora, además de las diputaciones federales, está en juego la sucesión del próximo año, aseguran analistas y dirigentes de partidos políticos. En plena campaña para elegir candidatos a legisladores federales, ambos partidos lanzaron al ruedo a dos de sus precandidatos a la gubernatura: el ex alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizabal, quien ahora busca la representación del segundo distrito, y Juan Blanco Zaldívar, abanderado por la sexta demarcación y ex alcalde de la capital.

Para ambos, ganar en esos distritos es clave para lograr la postulación a la gubernatura. Así, sólo estarían dos o tres meses en la cámara baja, antes de pedir licencia para ir a la elección interna.

Por eso el fuego cruzado no se hizo esperar.

Apenas había sido nombrado candidato del PRI en el distrito 2, Héctor Murguía sufrió la embestida directa del líder nacional panista Germán Martínez Cázares, quien lo acusó de tener nexos con el crimen organizado desde que fue alcalde de Juárez, con base en un presunto documento de la DEA, el cual resultó apócrifo.

Mientras, el ex alcalde de Chihuahua enfrenta desde 2007 una serie de acusaciones públicas y demandas judiciales por irregularidades en la licitación del relleno sanitario de la ciudad cuando era alcalde (2004-2007). La concesión se entregó a la empresa Sistemas e Ingeniería en Rellenos Sanitarios, SA (SIRSSA), creada ex profeso para el proyecto, a cambio de lo cual solicitó poco más de cinco millones de pesos en efectivo y especie para las campañas de diputados locales y la del actual alcalde de la capital, Carlos Borruel Baquera.

A raíz de esas denuncias, hechas por un regidor del PAN, Blanco Zaldívar fue detenido y encarcelado el 31 de mayo, acusado de cohecho, cuando se disponía a realizar actividades de campaña. Esto agudizó el enfrentamiento entre priístas y panistas, que a diario intercambian demandas ante los órganos electorales y juzgados penales y civiles.

La última fue la que presentó el gobernador José Reyes Baeza Terrazas contra la senadora panista Teresa Ortuño Gurza, quien lo acusó de proteger al crimen organizado y de secuestrar a sus adversarios políticos, en referencia a la detención del ex alcalde Blanco Zaldívar, quien salió libre bajo fianza.

Obispos, empresarios y sindicatos expresaron públicamente su respaldo a Baeza Terrazas, llamaron a la civilidad y condenaron la guerra de acusaciones a la que se sumó el líder nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, en apoyo a Ortuño y Juan Blanco Zaldívar.