El expediente judicial relativo a la matanza del 2 de octubre de 1968, en el cual el ex presidente Luis Echeverría Álvarez se encuentra en calidad de indiciado, seguirá abierto hasta el 27 de marzo de 2039, y sólo se cerrará antes de esa fecha si muere el acusado, que actualmente tiene 87 años de edad.

El juzgado 15 de distrito de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Sur, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el delito de genocidio imputado a quien fue presidente de la República entre 1970 y 1976 prescribirá dentro de 30 años.

Según consta en un acuerdo emitido por dicho órgano jurisdiccional, que fue del conocimiento del agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado que estuvo encargado de este expediente, la PGR aún está en posibilidad de realizar nuevas actuaciones, con el propósito de perfeccionar la averiguación previa y volver a solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de Echeverría.

Técnicamente el caso está abierto y corresponde a la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora determinar si se ordena recabar nueva materia probatoria (documentales, periciales o testimoniales) para fortalecer la acusación y pedirle a un juez federal la aprehensión del ex presidente.

Sobre este acuerdo del juzgado, el ex líder estudiantil Raúl Álvarez Garín indicó ayer a La Jornada que eso demuestra lo que hemos sostenido desde hace tres meses, que el amparo que se le confirmó a Echeverría no fue una exoneración, y que el caso no está cerrado como mentirosamente lo ha asegurado Juan Velásquez, abogado del genocida.

El pasado 27 de marzo, el quinto tribunal colegiado confirmó de manera definitiva e inatacable un amparo en favor de quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, a quien el propio Echeverría ha responsabilizado de la matanza de estudiantes ocurrida en 1968 en Tlatelolco.

Fue gracias a ese amparo que Echeverría consiguió la libertad, bajo la determinación judicial de que las pruebas con que se buscó juzgar al indiciado fueron insuficientes. Sin embargo, la resolución del colegiado concedió la libertad con las reservas de ley y sin tener alcances de cosa juzgada, por lo que dejó abierta la posibilidad de que la PGR perfeccione sus acusaciones.

Según la versión que ha dado el propio Echeverría, fue Díaz Ordaz quien ordenó que fuera el Ejército el que reprimiera a la multitud de estudiantes que realizaron manifestaciones en 1968.

Hubo una balacera; murieron soldados, oficiales. Del otro lado, estudiantes. La balacera comenzó con un tiro que le dieron por la espalda al jefe del Ejército (José Hernández Toledo). Algunos dijeron que habían muerto 30 y otros que 300. Cada parte dio su punto de vista. (La orden de enfrentar a los manifestantes) no fue a mí (como secretario de Gobernación), fue al Ejército. En realidad todo lo manejó el presidente (Díaz Ordaz), aseguró Echeverría al periodista Rogelio Cárdenas Estandía, según se menciona en la página 77 del libro Luis Echeverría: entre lo personal y lo político.